{"id":6696,"date":"2022-04-07T11:20:01","date_gmt":"2022-04-07T11:20:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icip.cat\/perlapau\/issue\/%issue_post%\/article\/empresas-y-violaciones-de-derechos-humanos-en-guatemala\/"},"modified":"2022-04-07T11:20:01","modified_gmt":"2022-04-07T11:20:01","slug":"empresas-y-violaciones-de-derechos-humanos-en-guatemala","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/www.icip.cat\/perlapau\/es\/articulo\/empresas-y-violaciones-de-derechos-humanos-en-guatemala\/","title":{"rendered":"Empresas y violaciones de derechos humanos en Guatemala"},"content":{"rendered":"\n<p>\t           <span id=\"square\"><\/span>                <span id=\"first-word\">En Guatemala los defensores y defensoras de derechos humanos<\/span> que protegen el territorio, el ambiente, el agua y los recursos naturales ante la imposici\u00f3n de proyectos extractivos mineros viven una constante represi\u00f3n estatal y empresarial. Los empresarios y sectores tradicionales ven en la\u00a0 lucha por la defensa del agua y los recursos naturales a verdaderos \u201copositores al desarrollo\u201d, mientras el gobierno los define extraoficialmente como \u201cenemigos del Estado\u201d. Tan solo en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa (en el nororiente del pa\u00eds) en donde se impuso el proyecto minero \u201cEl Escobal\u201d, al menos 125 defensores y defensoras de derechos humanos fueron criminalizados de manera ilegal por parte de la Polic\u00eda Nacional Civil. Igual situaci\u00f3n sucedi\u00f3 con el caso de la resistencia pac\u00edfica de La Puya en los municipios de San Jos\u00e9 del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala, lugar donde operaba el proyecto \u201cProgreso VII Derivada\u201d. En este caso al menos diez defensores y defensoras de derechos humanos fueron criminalizados por el Ministerio P\u00fablico.            <\/p>\n<p> Desde los inicios de la actividad de miner\u00eda qu\u00edmica de metales la poblaci\u00f3n, en general, ha mostrado su rechazo. Muy recordado es el conflicto sucedido en el lugar denominado Los Encuentros, en el departamento de Solol\u00e1, en el altiplano guatemalteco, donde el traslado del \u201ccilindro\u201d de la empresa Montana Exploradora concluy\u00f3 con la muerte de uno de los comunitarios que se opon\u00edan al paso de la maquinaria. Los posteriores proyectos industriales que han sido autorizados o reactivados han generado tambi\u00e9n el rechazo ciudadano, acarreando procesos de conflictividad social.\u00a0 Se criminaliza la protesta social por parte del gobierno y las empresas transnacionales de los activistas que defienden el territorio, el ambiente, el agua y los recursos naturales. <\/p>\n<p> Pero estos procesos de criminalizaci\u00f3n no han tenido el efecto pretendido \u2013el cese de la protesta social y el debilitamiento comunitario-, raz\u00f3n por la que tanto las empresas como las autoridades nacionales de seguridad han procedido a desarrollar ataques a la integridad f\u00edsica de los miembros de las diferentes resistencias comunitarias en contra de la actividad minera. Los mejores ejemplos de estos procesos de represi\u00f3n de la resistencia pac\u00edfica se han visto en los casos de los proyectos \u201cProgreso VII Derivada\u201d y \u201cEl Escobal\u201d. <\/p>\n<p>\t\t\t<cite class=\"cita-center\">                                                La alianza entre las fuerzas de seguridad y las empresas ha implicado graves violaciones de los derechos humanos y la comisi\u00f3n de actos criminales            <\/cite>\t\t\t            <\/p>\n<p> En todos los casos los grupos comunitarios han se\u00f1alado la alianza desarrollada entre las fuerzas de seguridad y las empresas, implicando el desarrollo de graves violaciones de los derechos humanos y la comisi\u00f3n de actos criminales tanto por los actores de seguridad estatal, como por gerentes y trabajadores de las empresas.\u00a0 <\/p>\n<p> En Guatemala tan solo en materia de procesos criminales que actualmente son investigados por el Ministerio P\u00fablico existen casos graves cometidos por empresas nacionales y transnacionales en sus cadenas de suministro. Las empresas m\u00e1s se\u00f1aladas son mineras y de palma africana. En el \u00faltimo a\u00f1o al menos siete gerentes y representantes legales han sido vinculados judicialmente a casos de corrupci\u00f3n, ataques a defensores y defensoras de derechos humanos y cr\u00edmenes ambientales que van desde la contaminaci\u00f3n del agua por empresas dedicadas a la hidrometalurgia, explotaci\u00f3n ilegal de recursos no renovables, hasta el intento de asesinato de activistas comunitarios que se oponen a la imposici\u00f3n de proyectos extractivos<a href=\"articles_centrals\/article_central_4\/#ref\"><sup>1<\/sup><\/a>. A los casos anteriores se unen las m\u00e1s de cincuenta denuncias presentadas en contra de industrias azucareras y de palma africana por el desv\u00edo de r\u00edos en la costa del pac\u00edfico del pa\u00eds. <\/p>\n<p> El ordenamiento jur\u00eddico guatemalteco permite a las victimas participar dentro del proceso penal, pudiendo tambi\u00e9n las organizaciones de derechos humanos participar con igual condici\u00f3n. Pero lamentablemente, por el poder econ\u00f3mico que poseen las empresas, estas logran desarrollar acciones legales que permiten dilatar los procesos y, en muchos casos evitar, con ello confrontarse a la justicia. Derivado de esto, el Centro de Acci\u00f3n Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) ha decidido participar en la mayor\u00eda de los casos que actualmente se litigan en el sistema de justicia, ya sea representando a l\u00edderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que han sido v\u00edctimas de violaciones por actividades empresariales, o constituy\u00e9ndose como querellantes adhesivos y as\u00ed garantizando el acceso a la justicia y no dejando impunes los graves delitos cometidos; o tambi\u00e9n participando CALAS institucionalmente en los procesos criminales ambientales como v\u00edctima y agraviada directa coadyuvando al Ministerio P\u00fablico en los procesos de investigaci\u00f3n criminal. <\/p>\n<p>\t\t\t<cite class=\"cita-center\">                                                En el \u00faltimo a\u00f1o al menos siete gerentes y representantes legales de empresas han sido vinculados judicialmente a casos de corrupci\u00f3n, ataques a defensores y defensoras de derechos humanos y cr\u00edmenes ambientales            <\/cite>\t\t\t<\/p>\n<p> A la fecha los casos judiciales m\u00e1s sobresalientes en contra de empresas que se ventilan en el sistema de justicia son los siguientes: <\/p>\n<p> <a class=\"imageLightbox\" href=\"..\/numero30\/img\/ac_4_taula_esp.jpg\"><\/a> <\/p>\n<p> Dichos casos han logrado avances sustanciales en el sistema de justicia del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n han logrado evidenciar el desarrollo de procesos de litigio malicioso por parte de las empresas y la debilidad del sistema de justicia en cuanto a poder garantizar la presencia de los gerentes y altos funcionarios de empresas en los procesos judiciales. Los ejemplos m\u00e1s claros son los n\u00fameros 1 y 5 del cuadro anterior, en los cuales ambos representantes empresariales han logrado evadir a la justicia o bien salir del pa\u00eds antes que las autoridades procedieran a su aprehensi\u00f3n. <\/p>\n<p> En conclusi\u00f3n se puede advertir que en Guatemala existe un avance en el sistema de justicia en cuanto a buscar, sancionar y castigar las conductas criminales y violaciones de derechos humanos por parte de empresas, pero que dichos avances deben ser fortalecidos por medio de la aplicaci\u00f3n de los principios sobre empresas y derechos humanos y otros convenios de derechos humanos aplicables a la materia. <\/p>\n<p id=\"ref\" class=\"referencia first-reference\"> 1.\u00a0En el a\u00f1o 2015 el gerente de Minera San Rafael (empresa nacional de la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc) fue ligado a proceso penal y enviado a prisi\u00f3n preventiva por la posible comisi\u00f3n del delito de contaminaci\u00f3n industrial de la quebrada El Escobal, afluente del r\u00edo Los Esclavos, principal abastecedor de agua para las comunidades del departamento de Santa Rosa. Dos a\u00f1os antes, en 2013, Alberto Rotondo, gerente de seguridad de la misma empresa minera fue detenido en el aeropuerto La Aurora de Ciudad de Guatemala, cuando pretend\u00eda huir de la justicia, luego de ordenar disparar con armas de fuego contra l\u00edderes comunitarios que se opon\u00edan a la imposici\u00f3n del proyecto minero de dicha empresa. <\/p>\n<p class=\"foto\"> <a href=\"https:\/\/www.flickr.com\/photos\/monkfotografia\/25025387214\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fotograf\u00eda (CC)<\/a> : Monk fotografia <\/p>\n<p class=\"gencat\">\u00a9 Generalitat de Catalunya<\/p>\n","protected":false},"featured_media":6729,"menu_order":5,"template":"","categories":[6],"class_list":["post-6696","article","type-article","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-articles-centrals"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Empresas y violaciones de derechos humanos en Guatemala - Revista Por la Paz<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.icip.cat\/perlapau\/es\/articulo\/empresas-y-violaciones-de-derechos-humanos-en-guatemala\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Empresas y violaciones de derechos humanos en Guatemala - Revista Por la Paz\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"En Guatemala los defensores y defensoras de derechos humanos que protegen el territorio, el ambiente, el agua y los recursos naturales ante la imposici\u00f3n de proyectos extractivos mineros viven una constante represi\u00f3n estatal y empresarial. 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