{"id":7183,"date":"2022-04-07T11:23:27","date_gmt":"2022-04-07T11:23:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icip.cat\/perlapau\/issue\/%issue_post%\/article\/justicia-transicional-en-mexico\/"},"modified":"2022-04-07T11:23:27","modified_gmt":"2022-04-07T11:23:27","slug":"justicia-transicional-en-mexico","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/www.icip.cat\/perlapau\/es\/articulo\/justicia-transicional-en-mexico\/","title":{"rendered":"\u00bfJusticia transicional en M\u00e9xico?"},"content":{"rendered":"\n

<\/span> A partir de la elecci\u00f3n como presidente de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador<\/span> en julio de 2018 ha habido un sinn\u00famero de discusiones y propuestas sobre implementar justicia transicional en M\u00e9xico. Los anuncios iniciales de pacificaci\u00f3n, haciendo referencias a amnist\u00edas y a comisiones de la verdad, y un enfoque social a la lucha contra la delincuencia que aborde sus causas socioecon\u00f3micas en reemplazo de las estrategias represivas, generaron confusi\u00f3n. Tambi\u00e9n generaron hasta rechazo entre algunas v\u00edctimas y participantes en foros organizados apresuradamente. Organismos de la sociedad civil de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y c\u00edrculos acad\u00e9micos se unieron a la discusi\u00f3n, intentando formular propuestas. Sin embargo, tal y como se pudo ver en los \u00faltimos meses de 2018, este di\u00e1logo tuvo unos resultados muy limitados dada la falta de claridad de lo anunciado por el entonces presidente electo. <\/p>\n

La imprecisi\u00f3n de los anuncios, la particular naturaleza de la violencia que afecta a M\u00e9xico, y una historia de desconfianza entre el Estado y la sociedad civil han hecho dif\u00edcil definir una pol\u00edtica coherente que responda a las necesidades de seguridad y de justicia. Parte de esta confusi\u00f3n ha sido dada por el uso del concepto de justicia transicional, una noci\u00f3n que admite variadas interpretaciones y que es presa f\u00e1cil de la manipulaci\u00f3n. <\/p>\n

Contexto y legado violento en M\u00e9xico<\/b> <\/p>\n

El grado e intensidad de la violencia en M\u00e9xico rebasa cualquier expectativa para una sociedad que supuestamente no experimenta un conflicto armado interno, cuenta con instituciones democr\u00e1ticas y tiene una larga tradici\u00f3n republicana. Las causas de esta violencia var\u00edan en cada estado, pero obedecen a una combinaci\u00f3n entre el crimen organizado y acciones de agentes del Estado ya sea a nivel municipal, estatal o federal. Las l\u00edneas de separaci\u00f3n entre ellas son difusas, al desconocerse exactamente las redes de corrupci\u00f3n del crimen organizado y agentes del Estado, y ante la falta de investigaciones judiciales adecuadas. En efecto, los niveles de impunidad ponen en cuesti\u00f3n la existencia del Estado de derecho en muchas partes del pa\u00eds, donde la credibilidad de fiscal\u00edas y polic\u00edas es baj\u00edsima. <\/p>\n

Sin embargo, esta situaci\u00f3n no es del todo nueva. Los n\u00fameros de homicidios y trata de personas han experimentado, sin duda, un alza extraordinaria en los \u00faltimos diez a\u00f1os, pero tambi\u00e9n eran elevados en la d\u00e9cada de 1990. A ello se suma una historia de represi\u00f3n estatal, masacres y desapariciones forzadas, como la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968, la llamada guerra sucia, y desapariciones practicadas en la d\u00e9cada de 1970. Los niveles de esclarecimiento y justicia en estos casos han sido pr\u00e1cticamente nulos, a pesar de la creaci\u00f3n en 2002 de una Fiscal\u00eda Especial para Movimientos Sociales y Pol\u00edticos del Pasado. <\/p>\n

Un reclamo frecuente entre v\u00edctimas y sociedad civil se centra en la incapacidad de las fiscal\u00edas, a nivel estatal y federal, de investigar estos cr\u00edmenes, lo que se suma a su falta de autonom\u00eda. Algunas acusan a estas instituciones de tener culturas de displicencia y dejaci\u00f3n, particularmente en relaci\u00f3n a v\u00edctimas en situaci\u00f3n de pobreza. La evidencia de impunidad pareciera apoyar esos juicios cr\u00edticos. Esto contrasta con normativas garantistas, particularmente con el marco constitucional, celebrado como uno de los m\u00e1s avanzados en el reconocimiento de los derechos de las v\u00edctimas. El abismo entre norma declarada y efectividad resulta desconcertante y afecta seriamente la credibilidad del sistema democr\u00e1tico. <\/p>\n

La presi\u00f3n de movimientos de v\u00edctimas y de la sociedad civil por cambios sustanciales ante las altas tasas de homicidios, impunidad y desapariciones ha dado lugar a varias reformas <\/cite> <\/p>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os diferentes movimientos de v\u00edctimas y de sociedad civil han presionado por cambios m\u00e1s sustanciales, primero en respuesta a la masiva pr\u00e1ctica de secuestros y extorsiones; luego en reacci\u00f3n a las altas tasas de homicidio e impunidad y, m\u00e1s tarde, al elevado n\u00famero de desapariciones. Estos movimientos han dado lugar a varias reformas, algunas de ellas que involucran activamente a sociedad civil y a organizaciones de v\u00edctimas, como la Ley General de V\u00edctimas, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, la Ley General en Materia de Desaparici\u00f3n Forzada de Personas, y el reemplazo de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica por una Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica. Estos procesos precedieron la campa\u00f1a del presidente L\u00f3pez. Las normas e instituciones creadas ofrecen oportunidades importantes. Sin embargo, la oportunidad mayor descansa en la experiencia acumulada de organizaci\u00f3n, activismo y capacidad de influir reflejada en estas reformas, y que es necesaria para seguir avanzando. <\/p>\n

Un caso emblem\u00e1tico que ha contribuido a este proceso es la fuerte reacci\u00f3n que gener\u00f3 la desaparici\u00f3n forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014, seguida por el clamor masivo y la presi\u00f3n internacional ante la ausencia de investigaciones efectivas. Sin embargo, la visibilidad de este caso no debe eclipsar el proceso m\u00e1s amplio descrito. El caso sin duda ha ayudado a dar fuerza a un movimiento que reclama verdad y justicia, pero que \u2018debe abarcar a los 40.000 desaparecidos, y no solo a los 43\u2019, como diferentes organizaciones demandaron durante la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en abril 2019. <\/p>\n

Ante esta situaci\u00f3n, la postura del presidente L\u00f3pez Obrador ha sido ambivalente. La promesa de campa\u00f1a sobre devolver a los militares a sus cuarteles y profesionalizar la polic\u00eda fue abandonada d\u00edas antes de asumir la presidencia, ante la constataci\u00f3n sobre la fr\u00e1gil situaci\u00f3n de seguridad y la necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas armadas. El compromiso se tradujo en la creaci\u00f3n de una Guardia Nacional, controlada por un mando civil, pero en cuya cabeza se design\u00f3 a un general de Ej\u00e9rcito en retiro. <\/p>\n

Relevancia de experiencias de justicia transicional<\/b> <\/p>\n

\u00bfEs de utilidad la justicia transicional en este contexto? Uno de los primeros debates surgidos entre la sociedad civil fue sobre cu\u00e1l era la transici\u00f3n si la elecci\u00f3n de un presidente que romp\u00eda el bipartidismo entre PRI y PAN pod\u00eda calificarse ya como tal, o si se trataba de la continuaci\u00f3n de la transici\u00f3n inconclusa luego de 71 a\u00f1os de dominio del PRI iniciada por el presidente Fox en 2000. A esa confusi\u00f3n se agregaba el uso de un lenguaje de reconciliaci\u00f3n y amnist\u00eda que a muchas v\u00edctimas les parec\u00eda un nuevo nombre para la impunidad hist\u00f3rica. El uso de referencias a Colombia, donde los acuerdos de paz contienen provisiones de amnist\u00eda, reducci\u00f3n significativa de penas y cumplimiento alternativo de condenas, tampoco se justificaban donde el crimen organizado carece de motivaci\u00f3n pol\u00edtica e incentivos para su desmovilizaci\u00f3n. Estas consideraciones hacen altamente recomendable no utilizar un lenguaje de justicia transicional que genere ese tipo de confusiones. Ello no obsta a considerar diferentes experiencias de justicia transicional en la medida que ofrezcan lecciones \u00fatiles, particularmente por su capacidad de responder a cr\u00edmenes masivos o de sistema, en contextos de fragilidad institucional. <\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo responder a la necesidad de justicia en un contexto de violaciones masivas, con un poder insuficiente o restringido, capacidad y recursos limitados, e instituciones comprometidas con la impunidad? <\/cite> <\/p>\n

La primera consideraci\u00f3n es recordar que la justicia transicional no es una disciplina en s\u00ed, que contenga un marco r\u00edgido, sino que surge de experiencias muy concretas. Primero de transiciones bastante definidas entre dictaduras y democracias en contextos como Argentina, Chile, Europa Oriental y Sud\u00e1frica, y luego en contextos de postconflicto, como Guatemala, El Salvador, Timor Oriental, Per\u00fa, Sierra Leona y Colombia1<\/sup><\/a>. Se trata de experiencias diversas, que obedecen a contextos y condiciones de poder, recursos, organizaci\u00f3n social y capacidad institucional diferentes2<\/sup><\/a>. <\/p>\n

Es importante detenerse en las primeras experiencias, implementadas antes de que estas nociones se transformaran en algo dogm\u00e1tico, pues en ellas es claro que lo que se intentaba no era aplicar un \u2018modelo\u2019, sino resolver de alguna forma los dilemas entre la demanda por justicia y la capacidad pol\u00edtica e institucional para resolverla. Esto implica formularse preguntas an\u00e1logas a las formuladas en estos pa\u00edses: \u00bfc\u00f3mo responder a la necesidad de justicia \u2013entendida en una concepci\u00f3n amplia, no limitada pero que incorpora la justicia penal\u2013 en un contexto de violaciones masivas? \u00bfC\u00f3mo hacerlo cuando se cuenta con un poder insuficiente o restringido, una capacidad y recursos limitados, e instituciones comprometidas con la impunidad? La complementariedad de verdad, justicia, reparaci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n surgen despu\u00e9s. Ellas ayudan a examinar diferentes aspectos, pero no pueden ser consideradas una camisa de fuerza o procesos que necesariamente deben ser implementados al un\u00edsono. Precisamente en estos pa\u00edses las experiencias exitosas son las que consideran el equilibrio entre lo que se demanda y lo que se puede garantizar. <\/p>\n

La contribuci\u00f3n de la justicia transicional en M\u00e9xico no debe ser necesariamente identificar cu\u00e1l es la transici\u00f3n, ni definir el periodo que debe cubrir una comisi\u00f3n de verdad. Tampoco puede descansar exclusivamente en la creaci\u00f3n de instituciones, en un pa\u00eds con historia de instituciones de gran tama\u00f1o, replicadas en cada Estado y de poca efectividad, o en dictar nuevas normas legales con elevados est\u00e1ndares, pero de baja aplicaci\u00f3n o accesibilidad para las v\u00edctimas. Dicha contribuci\u00f3n debe comenzar por preguntarse cu\u00e1l es la verdad que M\u00e9xico necesita esclarecer y reconocer. El pa\u00eds y sus instituciones democr\u00e1ticas deben preguntarse cu\u00e1les son las lecciones que deben aprender de tanta violencia e indolencia. Es necesario tambi\u00e9n definir cu\u00e1l es la forma de justicia que puede garantizar la no repetici\u00f3n y fortalecer el Estado de derecho, cuando las instituciones existentes han fallado sistem\u00e1ticamente en ofrecer justicia. En materia de reparaci\u00f3n, las autoridades deben preguntarse cu\u00e1les son las consecuencias de las violaciones m\u00e1s graves cometidas y c\u00f3mo responder a ellas para garantizar que todas las v\u00edctimas de aquellas violaciones accedan a formas suficientes pero posibles de reparaci\u00f3n. Finalmente, el pa\u00eds y sus autoridades no deben simplemente establecer nuevas instituciones o aprobar nuevas leyes, sino responder a la pregunta sobre qu\u00e9 mecanismos se deben establecer para asegurar que estos niveles de violencia y complicidad no contin\u00faen. Estas preguntas deben ser formuladas reconociendo la historia de persistencia de la violencia e impunidad, los recursos limitados, y las dem\u00e1s prioridades del pa\u00eds, entre las que se encuentra la superaci\u00f3n de la pobreza y la marginalidad extendida. La contribuci\u00f3n de las experiencias de justicia transicional no debe ser para replicar las instituciones que esas experiencias han creado en otros contextos, sino para formularse estas preguntas con suficiente dosis de realismo. <\/p>\n

Estrategias para avanzar el proceso<\/b> <\/p>\n

La necesidad de realismo no implica dejar de ser ambiciosos. Exige aprovechar oportunidades y priorizar aquellas que pueden producir avances en el corto tiempo. Dichos avances pueden ayudar a generar confianza y apoyo entre las v\u00edctimas y entre la poblaci\u00f3n general de que es posible ir derribando el edificio de impunidad, pero sin pretender que se lo puede echar debajo de un golpe. El examen de oportunidades y cu\u00e1les de ellas pueden abrir nuevas posibilidades es crucial. Algunas han sido ya identificadas por organismos de la sociedad civil, los que sin duda pueden ser socios claves del Gobierno, en la medida que ambas partes tengan la voluntad de escucharse y colaborar. <\/p>\n

Una de las oportunidades es el respaldo pol\u00edtico que existe a la estrategia de b\u00fasqueda de desaparecidos, incrementada luego de la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. La Comisi\u00f3n Nacional de B\u00fasqueda cuenta ahora con un liderazgo y un apoyo pol\u00edtico y de recursos como nunca antes hab\u00eda tenido, y tiene el apoyo de una comunidad de v\u00edctimas fuertemente organizada. La tarea es inmensa y de una complejidad abismal. Sin embargo, est\u00e1 en condiciones de ofrecer algunos resultados concretos con ciertos procesos de identificaci\u00f3n que sean menos complejos, a la vez de comenzar un plan de identificaci\u00f3n m\u00e1s vasto. Esos resultados espec\u00edficos y la existencia de un plan pueden incrementar la presi\u00f3n por hacer justicia en estos casos. La determinaci\u00f3n de patrones de desaparici\u00f3n que permitan identificar instituciones, organizaciones criminales y autoridades posiblemente comprometidas pueden ayudar a generar el nivel de hast\u00edo y hasta ira p\u00fablica que se requiere en sociedades para avanzar en cambios m\u00e1s profundos, particularmente en materia de justicia. <\/p>\n

Una segunda oportunidad es la decepci\u00f3n generalizada de la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas (CEAV) y el desprestigio de una pol\u00edtica de reparaciones dise\u00f1ada sin una clara conciencia de los l\u00edmites de capacidad y recursos. Parad\u00f3jicamente, esta situaci\u00f3n puede ser aprovechada para explorar un sistema diferente de reparaci\u00f3n, que se limite a las violaciones m\u00e1s graves y sin distinci\u00f3n de fuero, jurisdicci\u00f3n o ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, pero sin afectar derechos adquiridos o expectativas de reparaci\u00f3n generados por la Ley General de V\u00edctimas. Ello implicar\u00eda crear un programa paralelo, implementado a trav\u00e9s de un equipo separado dentro de CEAV, que registre en forma simplificada y para solo efectos de este programa emergente a las v\u00edctimas directas de violaciones tales como muerte, desaparici\u00f3n, violencia sexual grave, tortura, trata de personas y lesiones graves discapacitantes, y sus familiares m\u00e1s directos. Dicho programa podr\u00eda consistir en una serie de medidas estandarizadas comunes a cada categor\u00eda, como ha propuesto la coalici\u00f3n de organizaciones de sociedad civil que ha trabajado sobre esta materia. Ello permitir\u00eda que en un plazo de dos a\u00f1os un grupo significativo de v\u00edctimas comience a recibir formas concretas de reparaci\u00f3n, a la vez de restaurar el prestigio de CEAV y del Estado. <\/p>\n

En M\u00e9xico el desaf\u00edo es c\u00f3mo los mecanismos contra la impunidad pueden ir generando una transici\u00f3n, dando respuesta a los derechos y demandas de las v\u00edctimas; fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad civil, y generando mayor respaldo de la poblaci\u00f3n <\/cite> <\/p>\n

Otras oportunidades requieren mayor exploraci\u00f3n, como la formaci\u00f3n de un equipo que analice los archivos del Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (CISEN) como fuente de informaci\u00f3n para el proceso de b\u00fasqueda, las investigaciones judiciales y un proceso gradual de esclarecimiento de patrones de violaciones y de verdad. Eventualmente, el proceso de acreditaci\u00f3n al que debe someterse el personal de la Guardia Nacional podr\u00eda ser objeto de una revisi\u00f3n de antecedentes sobre reclamos o posible participaci\u00f3n en violaciones de derechos humanos o abusos de poder de sus postulantes que comprometieran su idoneidad. Para este fin los archivos de la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos y la informaci\u00f3n que manejan organizaciones de sociedad civil podr\u00edan ser \u00fatiles. Los est\u00e1ndares para ello no requerir\u00edan ser los mismos que para investigaciones penales, siendo su \u00fanica consecuencia su imposibilidad de formar parte de dicho cuerpo. Finalmente, la transformaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica por una Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica podr\u00eda ser ocasi\u00f3n para establecer un equipo especializado que utilizara m\u00e9todos de investigaci\u00f3n por patrones y que se enfoque no en el esclarecimiento de un sinn\u00famero de cr\u00edmenes sino en la identificaci\u00f3n de planes de macrocriminalidad y redes criminales. Ello podr\u00eda permitir identificar responsables en las redes il\u00edcitas que comprendan a los cabecillas, pero tambi\u00e9n a los operadores financieros y pol\u00edticos que son parte de ellas. El desmantelamiento de algunas de estas redes podr\u00eda dar confianza en la poblaci\u00f3n y promover aprendizajes que mejoren la capacidad de investigar y de aprovechar recursos investigativos. Estas investigaciones podr\u00edan hacer sentir a las v\u00edctimas que la respuesta a sus derechos no se limita a la b\u00fasqueda de sus familiares o a una reparaci\u00f3n modesta, sino que tambi\u00e9n se trata de una justicia efectiva, y que el desmantelamiento de tales organizaciones disminuir\u00e1 las posibilidades que tales violaciones contin\u00faen. <\/p>\n

Estas posibles estrategias pueden llevar a unas expectativas excesivas. Debe advertirse que ello no ser\u00e1 f\u00e1cil. Una de las lecciones en los procesos de justicia transicional es la tendencia de los sistemas de impunidad de adaptarse, resistir cambios, y provocar retrocesos. Quiz\u00e1s no haya condiciones para hacer todo aquello que se necesita hacer, por lo que debe comenzarse por pol\u00edticas que no solo generen avances tangibles, sino que tambi\u00e9n produzcan resultados que permitan ir avanzando en nuevos procesos de verdad, justicia y reparaci\u00f3n. En un caso como M\u00e9xico, en el que no hay transici\u00f3n, el desaf\u00edo es c\u00f3mo los mecanismos contra la impunidad pueden ir generando, precisamente, una transici\u00f3n. Los avances deben centrarse en obtener resultados que respondan a los derechos y demandas de un n\u00famero significativo de v\u00edctimas; en fortalecer tambi\u00e9n la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad civil, y en generar mayor respaldo de la poblaci\u00f3n. Ello exige a las instituciones estatales no solo eficacia, sino mantener adem\u00e1s un di\u00e1logo franco constante con las diversas organizaciones de v\u00edctimas y las puertas abiertas a sugerencias y al monitoreo de la sociedad civil. Las organizaciones de v\u00edctimas y de defensa de los derechos humanos deber\u00edan arriesgarse a involucrarse en soluciones quiz\u00e1s menos perfectas, pero posibles y capaces de generar condiciones para futuros avances. Exige, sin embargo, la mayor dosis de responsabilidad al Gobierno, el que, a su vez, debe tomar la iniciativa y liderar un proceso basado en la consulta, en la escucha a v\u00edctimas y a sociedad civil, y en tomar sus derechos en serio. <\/p>\n

SOBRE EL AUTOR<\/b>
Cristi\u00e1n Correa es abogado con experiencia en la definici\u00f3n e implementaci\u00f3n de la justicia transicional y de pol\u00edticas de reparaci\u00f3n para violaciones masivas de los derechos humanos del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), donde es asociado senior. Desde el ICTJ ha prestado asesor\u00eda en diferentes pa\u00edses, como Per\u00fa, Costa de Marfil, Sierra Leona, Kenia, Colombia, Nepal y Timor Oriental. Previamente fue secretario jur\u00eddico de la Comisi\u00f3n Nacional sobre Prisi\u00f3n Pol\u00edtica y Tortura de Chile, y ha trabajado en el Ministerio del Interior y en la Presidencia de la Rep\u00fablica coordinando la implementaci\u00f3n de las medidas de reparaci\u00f3n. <\/p>\n

1. Otras experiencias posteriores de post dictadura se refieren a Marruecos, Brasil y T\u00fanez, y Kenia constituye un caso particular que combina autoritarismo con violencia pol\u00edtica. <\/p>\n

2. Ver Roger Duthie and Paul Seils (eds.), Justice Mosaics: How Context Shapes Transitional Justice in Fractured Societies<\/em><\/a> (International Center for Transitional Justice, New York, 2017), y especialmente Roger Duthie, Introduction, 8-39. <\/p>\n

\n

\tFotograf\u00eda<\/a> Manifiesto por la desaparici\u00f3n de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ra\u00fal Isidro Burgos en Ayotzinapa (M\u00e9xico)\t <\/p>\n

\u00a9 Generalitat de Catalunya<\/p>\n","protected":false},"featured_media":7212,"menu_order":3,"template":"","categories":[6],"class_list":["post-7183","article","type-article","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-articles-centrals"],"acf":[],"yoast_head":"\n\u00bfJusticia transicional en M\u00e9xico? - Revista Por la Paz<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.icip.cat\/perlapau\/es\/articulo\/justicia-transicional-en-mexico\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00bfJusticia transicional en M\u00e9xico? - Revista Por la Paz\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"A partir de la elecci\u00f3n como presidente de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador en julio de 2018 ha habido un sinn\u00famero de discusiones y propuestas sobre implementar justicia transicional en M\u00e9xico. 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