Mujeres, Paz y Seguridad: 15 años de la Resolución 1325

Entrevista a Luz Méndez, feminista y constructora de paz

Luz Méndez, feminista y constructora de paz

Luz Méndez es feminista, activista por los derechos de las mujeres y constructora de paz de Guatemala. Fue la única mujer que participó en las negociaciones de paz de su país en los años 90 y su voz fue determinante para conseguir que los acuerdos de paz incluyeran una perspectiva de género. Dos décadas más tarde, continua reivindicando la participación política de las mujeres y luchando para que los estados se tomen en serio la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas. Porque sin escuchar a las mujeres, no se puede construir la paz.

Las organizaciones feministas hacen un balance agridulce de la Resolución 1325. Su existencia es, en sí misma, un éxito, pero su implementación y aceptación no está siendo la esperada. ¿Hasta qué punto está siendo útil la 1325?

Hay que reconocer el valor que tiene la resolución, ya que nos aporta elementos que fortalecen las luchas por la paz y la seguridad. Pero, por otro lado, en el caso de América Latina, la 1325 es muy poco conocida tanto por los estados como por la sociedad civil. Y este es uno de los principales retos: difundirla. Además, para lograr los mejores resultados en cuanto a su implementación es necesario ampliar los conceptos de paz y seguridad para que sean acordes al contexto de nuestra región.

¿En qué sentido?

En América Latina, la mayor parte de los conflictos armados que surgieron en la década de los 70 están concluidos –a excepción de Colombia, donde hay un proceso de paz que pronto va a culminar- . Sin embargo, estamos viviendo un proceso creciente de violencia que impacta a las sociedades en su conjunto y en particular a las mujeres. En los últimos años, han surgido actores –estatales y no estatales- que generan violencia e inseguridad con el único fin de acumular capital de forma ilícita; vivimos un nuevo contexto bélico, caracterizado por la militarización y el crecimiento del crimen organizado, derivado del narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas ligeras. Este es un serio problema que afecta a la región. Por eso debe expandirse el concepto de qué es un conflicto, qué es la paz y qué es la seguridad, para que se pueda trasladar a la realidad local el contenido de la resolución.

¿De esta manera las mujeres la sentirían más suya?

Sí. Hay mucha violencia en nuestros países impulsada por empresas transnacionales extractivas de minerales, lo que genera enorme violencia contra las mujeres y sus comunidades. Ellas deberían sentirse amparadas por la Resolución 1325, porque están defendiendo la paz y la seguridad en sus comunidades. Son constructoras de paz, igual que las mujeres que luchan a favor de la justicia y la memoria, y deberían ser vistas y reconocidas como tal. De esta forma podríamos contribuir a una mayor difusión e implementación de la resolución. Y también es indispensable que los gobiernos hagan el papel que les corresponde, avanzando en la formulación de los planes de acción nacional. En América Latina solo Chile y Paraguay han aprobado estos planes.

En América Latina vivimos un nuevo contexto bélico caracterizado por la militarización y por eso se deben ampliar los conceptos de paz y seguridad

¿La falta de voluntad política y la falta de financiación son los principales obstáculos para llevar a la práctica la 1325?

Si, definitivamente, ambos son serios obstáculos. Porque finalmente los principales responsables de poner en práctica la resolución son los gobiernos, y es allí donde se debe trabajar. Los estados miembros de la ONU deben mostrar mayor voluntad política con acciones y políticas concretas. Y se debe incrementar la financiación. Varios países se han comprometido –coincidiendo con la presentación del Estudio Global sobre la implementación de la 1325 – a aumentar su financiación. Pero no queremos que estos fondos vayan para más armas y más militarización, sino para más empoderamiento de las mujeres y más inversión en desarrollo económico y social.

De hecho, con el pretexto de la resolución 1325 algunos gobiernos han optado solo por incrementar la presencia de mujeres en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, este uso militarista no era el espíritu de la resolución…

Se está contraviniendo la esencia principal de la resolución con este tipo de interpretaciones. La 1325 fue concebida como una herramienta de derechos humanos de las mujeres y no como un mecanismo para aumentar las fuerzas armadas y policiales. Por supuesto que debe haber balance de género en todos los espacios de toma de decisiones pero no sólo en los ejércitos y misiones de paz de la ONU, sino en la participación política a nivel nacional. Es muy preocupante esta tendencia de pensar que la 1325 son más mujeres en el ejército y en las misiones internacionales de paz.

Es muy preocupante la tendencia de pensar que la 1325 son más mujeres en el ejército y en las misiones de paz

Los datos de participación de las mujeres en las mesas de negociación de paz (9%) tampoco son esperanzadores, a pesar de que según un informe de la ONU la presencia de mujeres aumenta considerablemente la probabilidad de un pacto estable. ¿A qué atribuye esta contradicción?

En primer lugar este es el resultado del sistema patriarcal. Las mujeres estamos subrepresentadas en todos los espacios de decisión política, como son las negociaciones de paz. Este es el principal obstáculo que hay que superar. Todos los actores involucrados en mesas de paz, particularmente la comunidad internacional, deberían hacer un esfuerzo para garantizar que se incorporen mujeres en las negociaciones, para que los acuerdos de paz tengan un enfoque de género. Yo estoy convencida, con base a mi propia participación en las negociaciones de paz en Guatemala (1991-1996), que si no hubiera sido por la presencia y capacidad de influencia de las mujeres no se hubieran incorporado aquellos compromisos relacionados con la situación de las mujeres en los acuerdos de paz. Y esa también fue la lección que extraje cuando participé en las negociaciones de paz de Burundi como parte del equipo de expertos en género. Cuando al final del proceso se logró incorporar la presencia de mujeres fue posible incluir los compromisos en relación a su empoderamiento y a la igualdad de género. Es absolutamente indispensable garantizar la participación de las mujeres, no solamente su presencia sino también la calidad de su influencia.

En las negociaciones de Colombia y Filipinas sí que se han incorporado mujeres. ¿Es un éxito de la 1325?

La 1325 ha contribuido, indudablemente. En el caso de Colombia, los actores internacionales que están en el proceso de negociación conocen la resolución y la respaldan. Y lo más importante es que la 1325 ha empoderado a las mujeres. También en Filipinas hay un movimiento de mujeres que ha utilizado la resolución con mucha fuerza.

Las mujeres estamos subrepresentadas en todos los espacios de toma de decisión política. Este es el principal obstáculo que hay que enfrentar

¿Deberían existir más mecanismos de control y de rendición de cuentas sobre la aplicación de la 1325?

Así es. Es necesario que los estados miembros de la ONU rindan cuentas a la ciudadanía y al Consejo de Seguridad sobre la implementación real. Pero también creo que ya no necesitamos más discursos elegantes y bonitos en los debates de Naciones Unidas, sino que necesitamos mecanismos para saber exactamente que está haciendo cada país en favor de la implementación de la resolución.

¿Las mismas organizaciones de mujeres deberían incrementar la presión sobre los estados?

Sí, y para eso es fundamental fortalecer nuestras alianzas a nivel internacional. Hay que recordar que la resolución es precisamente resultado de esta capacidad de construcción de alianzas, de esa voluntad política de los movimientos de mujeres a nivel internacional. Es necesario unirnos más, no sólo desde las organizaciones de mujeres, sino también desde otro tipo de instituciones, incluyendo por ejemplo las académicas.

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