Ha sufrido la guerra del país en carne propia. También las consecuencias del narcotráfico. Hoy es la violencia neoparamilitar la que continúa atemorizando esta ciudad del pacífico colombiano. Muchas de sus comunidades afrodescendientes la relacionan con la presencia de grandes megaproyectos portuarios que necesitan este territorio para su expansión y una de las empresas implicadas tiene la sede en Catalunya.
Por su localización estratégica, en la costa del Pacífico y a una distancia de sólo 115 kilómetros de Cali, Buenaventura se ha convertido en un lugar clave para el desarrollo económico de Colombia, que se quiere consolidar como uno de los grandes puertos de américa Latina. En concordancia con los Tratados de Libre Comercio ya firmados y con la conformación de la Alianza del Pacífico, el país hace tiempo que pone todo su esfuerzo en posicionar la conexión comercial del interior colombiano con los principales puertos de Asia y los Estados Unidos. Se dice que hoy pasan por aquí el 60% de las mercancías que entran y salen de Colombia.
Buenaventura existe como puerto, pero no como ciudad. Sólo hay que ver las pésimas condiciones de vida de sus habitantes que contrastan con la gran cantidad de megaproyectos impulsados en la ciudad, todos ellos relacionados con la expansión portuaria. Y mientras el puerto bonaverense crece para mejorar la competitividad del país, la ciudad que lo alberga vive sumida en una pobreza vergonzante y convive con niveles de violencia alarmantes. Aquí la población nunca ha sido una prioridad. Además, a diferencia de otros puertos del mundo, en Buenaventura la actividad portuaria no tiene vínculos con la economía local. Los bienes que llegan a Buenaventura para ser exportados o importados simplemente atraviesan la ciudad. La tasa de paro se sitúa en torno al 40 por ciento.
Mientras el Puerto de Buenaventura crece, la ciudad que lo alberga vive sumida en una pobreza vergonzante y unos niveles de violencia alarmantes
La situación social de Buenaventura ha sido largamente denunciada y repetidamente diagnosticada pero, lejos de mejorar, sigue empeorando día a día. No se ha realizado inversión alguna en educación ni en salud; incluso se cerró el hospital público y la tasa de pobreza alcanza el 80 por ciento.
La violencia
A la situación de empobrecimiento se suma la guerra que vive la región y la ciudad desde hace 15 años. El narcotráfico y el conflicto armado echaron raíces primero con la llegada de la guerrilla de las FARC y más tarde de los grupos paramilitares, reconvertidos hoy en bandas criminales conocidas como Los Urabeños o La Empresa. El conflicto armado ha dejado más de 2.000 en la ciudad en los últimos cinco años, además de miles de desplazados y centenares de desaparecidos.
A pesar de que la violencia se ha reducido un poco, los llamados grupos neoparamilitares siguen imponiendo su autoridad en muchos barrios estableciendo un control social férreo, cobrando impuestos y extorsionando. El punto álgido de su estrategia fueron hasta hace poco tiempo la denominadas casas de pique, viviendas repartidas por toda la ciudad donde llevaban a sus víctimas para descuartizarlas.
Pero no sólo ha sido la guerra. Muchos se preguntan el porqué de tanta violencia y si ésta tiene alguna relación con la expansión portuaria de la ciudad. El senador Alexander López, del progresista Polo Democrático, está seguro de que sí. “Lo que se está generado en Buenaventura es un escenario de terror para que la población abandone el territorio. De las 340.000 personas que tiene el municipio, más de 140.000 han sido desplazadas en los últimos veinte años. La mayoría habitaban los barrios de bajamar, el lugar donde se viene construyendo la infraestructura portuaria”, afirma. Muchas organizaciones sociales de la ciudad también están convencidas de que esta violencia responde a intereses empresariales y que los paramilitares sólo hacen el trabajo sucio.
Un mar de megaproyectos
La Sociedad Portuaria de Buenaventura, heredera de la privatizada Puertos de Colombia, controla todavía el 70% de las mercancías que pasan por la ciudad. Pero desde hace algunos años, han llegado a Buenaventura los grandes operadores portuarios del mundo. Uno es el español Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN), filial de la empresa Grupo Marítimo Terminal de Contenedores de Barcelona (Grupo TCB) con sede en la capital catalana.
¿Qué hace una empresa catalana haciendo negocios en medio de tanta barbarie? Esta fue la pregunta que movió a la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia a realizar un informe 1 sobre la actuación de esta empresa en la ciudad colombiana. El informe cuestiona la actuación de la empresa y considera que su inversión en buenaventura se ha desarrollado en un contexto de grave violación de los derechos humanos. Y señala que la actividad de TCBUEN ha hecho inviable la vida en los barrios de la Inmaculada y Santa Fe, adyacentes al proyecto. La Taula recuerda, además, que la empresa no realizó ninguna consulta previa con las comunidades.
Son muchas las voces críticas que sostienen que hacer un puerto de materias inflamables en medio de una ciudad es una auténtica aberración
La líder comunitaria Rocío del Pilar Segura, vecina de la Inmaculada, vive a sólo veinte metros de TCBUEN separada por un muro. Según Segura, la empresa no les deja dormir porque el ruido que genera el movimiento de carga y descarga es insoportable. Del mismo modo, afirma que las vibraciones están ocasionando grietas en las casas y que la empresa prometió dar empleo a mucha gente de la comunidad y luego no lo ha cumplido. Los vecinos y vecinas afectadas se quejan también de la pérdida de los espacios comunitarios recreativos y de la inseguridad vial que provoca la vía por donde diariamente pasan centenares de camiones. Así mismo, denuncian el impacto negativo sobre el ecosistema de manglar y la actividad pesquera tradicional.
El estudio de este caso se presentó el pasado mes de abril en el Parlament de Catalunya con la intención de reabrir el debate sobre la necesidad de ejercer mecanismos de control sobre las empresas transnacionales que actúan en el exterior y poder crear en el futuro un observatorio sobre la materia. Ese día se invitó a la empresa a dar explicaciones pero no compareció. Aceptó en cambio reunirse con la delegación catalana que visitó Buenaventura el pasado mes de abril, en la propia sede bonaverense de TCBUEN. Su gerente, el valenciano Miguel Ruiz, negó todas las acusaciones, reiteró que no estaban obligados a hacer ninguna consulta previa y desmintió que la implantación de la empresa generase un desplazamiento masivo. “Únicamente afectamos a 33 familias que fueron reubicadas y una zona de 142 hectáreas de manglar que repoblamos en otro lugar. Las ampliaciones futuras no tendrán afectación sobre los barrios. Nosotros pagamos 23.000.000 pesos anuales al gobierno en impuestos y no tenemos la culpa de que no reviertan en la ciudad”, aseguró.
“Lo que se está generado en Buenaventura es un escenario de terror para que la población abandone el territorio”
TCB vendió hace unos meses su parte accionarial mayoritaria al grupo danés Maersk APM Terminales y está a la espera de ver cómo acaba el escándalo en el cual se vio envuelto en Guatemala por un presunto caso de soborno por el cual la Interpol emitió una orden de busca y captura contra el presidente de la compañía, Ángel Pérez Maura.
TCBUEN llegó a Buenaventura de la mano de Óscar Isaza un controvertido empresario local con una gran influencia en la ciudad, que ahora tiene en mente realizar un nuevo y ambicioso complejo portuario que ocuparía 150 hectáreas de la bahía bonaverense. El proyecto, conocido como Puerto Solo, tendrá terminales para diferentes usos energéticos desde donde se podrá transportar petróleo, gas propano o butano, entre otras materias primas. Con todo, son ya muchas las voces críticas que sostienen que hacer un puerto de materias inflamables en medio de una ciudad es una auténtica aberración.
También ha desembarcado en Buenaventura el multimillonario filipino Enrique Rickie, uno de los grandes magnates portuarios del mundo y que pronto pondrá en funcionamiento la terminal de Aguadulce. El nuevo puerto ocupará unas 225 hectáreas y afecta la zona denominada Bajo Calima. También hay otros proyectos relacionados con la actividad portuaria que tienen o tendrán un gran impacto, como los muelles de carbón a cielo abierto y la futura construcción de otro puerto en la parte más exterior de la bahía.
Cualquier plan debe tener en cuenta a la población afrodescendiente, su cultura e idiosincrasia
Somos Pacífico
En medio de este complejo contexto de violencia e intereses económicos vive una población mayoritariamente afrodescendiente. Son comunidades negras del Pacífico que tratan, a pesar de todo, de seguir construyendo sus propias formas de vida y de no perder la identidad. Para ellas el territorio tiene una gran importancia que se ve amenazada por un modelo de desarrollo que –dicen- vulnera sus derechos ancestrales constitucionalmente reconocidos.
El plan de desarrollo de Buenaventura, conocido como Máster Plan, lo realizó precisamente la consultora española Esteyco y contiene propuestas sobre las grandes directrices que debería seguir la ciudad a 40 años vista. La marca Barcelona está muy presente en el documento que fue elaborado por un equipo de urbanistas y técnicos de la órbita socialista catalana como el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu o el exconcejal de urbanismo Manuel García Bragado, entre otros. La implementación del Máster Plan, actualmente en stand by, implicaría la transformación radical de Buenaventura. Una de las propuestas urbanísticas que avaló la consultora Esteyco tiene que ver con la construcción de un dique turístico y una zona hotelera. El proyecto afectaría a unas 3.400 familias que deberían abandonar sus hogares palafíticos de los barrios de bajamar.
Como afirma Enrique Simonja, de Justicia y paz, cualquier plan debe tener en cuenta a la población afrodescendiente. Las comunidades afro no pueden ser consideradas como un estorbo para el desarrollo; éste debe tener en cuenta su cultura y su idiosincrasia, porque un pueblo sin su cultura no vale nada.
1. Asedio a las comunidades. Los impactos de una empresa catalana, Grup TCB, en Buenaventura, Colombia. Informe de Tomàs Gisbert, María Jesús Pinto y Xavier Sulé.
Photography : Xavier Sulé
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