Shawna Bader-Blau, directora ejecutiva de Solidarity Center
Solidarity Center, con sede en los Estados Unidos, es la organización de defensa de los derechos de los trabajadores más importante del mundo. Está presente en más de 60 países, en los que lucha contra la explotación y la discriminación laborales y promueve unas condiciones de trabajo dignas, estables y seguras. En esta entrevista hablamos con su directora ejecutiva, la activista Shawna Bader-Blau, sobre los avances y retos pendientes en el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.
El trabajo infantil, la discriminación por razón de género, de raza o étnica y las condiciones de trabajo precarias son formas diferentes de violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales ámbitos de preocupación de vuestra organización?
En Solidarity Center nos esforzamos por ayudar a los trabajadores de todo el mundo. Creemos que es realmente la acción de las personas y su capacidad de unirse y organizarse para cambiar las cosas lo que dará lugar a unas economías más justas. Y defendemos específicamente un principio fundamental: que los derechos humanos esenciales de los trabajadores en el lugar de trabajo incluyen la libertad de asociación y el derecho a formar sindicatos y a negociar colectivamente con sus empresas para mejorar sus empleos y sus lugares de trabajo.
Solidarity Center trabaja en todo el mundo. ¿En qué regiones constatan más casos de abusos por parte de las empresas?
Trabajamos en todas las regiones del mundo, en 60 países, y hemos visto que, para los trabajadores, la economía global presenta más similitudes que diferencias. De hecho, vemos que el 60% de todos los trabajadores del mundo están empleados de una manera que llamamos precaria, con contratos temporales y empleos inciertos. Y en algunas partes del mundo, en África y Asia meridional, esta cifra llega hasta el 80%. Además, la mayoría de las veces, los trabajadores en ese tipo de puestos de trabajo no tienen libertad de asociación ni derecho a negociar colectivamente. Están excluidos de estos derechos por ley. Lo que vemos por todo el mundo es que los trabajadores son privados, de forma realmente extrema y masiva, del derecho humano fundamental a reunirse y a luchar por obtener salarios y condiciones de trabajo mejores. Y ello hace a las personas extremadamente vulnerables, a nivel mundial, a los abusos y la explotación. Por ejemplo, si observamos el número de trabajadores migrantes internacionales en todo el mundo, veremos que 150 millones de personas cruzaron las fronteras el año pasado en busca de trabajo en otro país. La mayoría de estos trabajadores, cuando entran en otro país para trabajar -especialmente si se trata de trabajadores con salarios bajos-, se ven privados del derecho a formar o afiliarse a un sindicato. Y lo que sucede es que terminan atrapados en este tipo de empleos con bajas retribuciones en los que no pueden mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Y ello da como resultado que las migraciones laborales contribuyen a que aumente la explotación de los trabajadores alrededor del mundo en vez de constituir una oportunidad para que los trabajadores individuales mejoren sus medios de subsistencia y apoyen a sus familias yendo a trabajar al extranjero. Eso es lo que realmente debería ser.
No dejas tus derechos humanos en un país cuando cruzas a otro. No facturas los derechos humanos en la frontera, te los llevas contigo
Creemos que la manera en que podemos ayudar a los trabajadores a lograr ese objetivo de mejorar sus medios de vida a través de la migración laboral es ayudándoles a que sus derechos humanos sean respetados. No dejas tus derechos humanos en un país cuando cruzas a otro. No facturas los derechos humanos en la frontera, te los llevas contigo.
En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés). ¿Este marco legal es suficiente para garantizar el respeto de los derechos humanos?
Sinceramente, creemos que los UNGP son un gran marco y un buen comienzo. Existen muchos instrumentos internacionales que abordan el tema de los derechos humanos de los trabajadores de todo el mundo. El problema de todos ellos es que carecen de garantías específicas y no se aplican. Por tanto, lo que es necesario en un marco como los Principios Rectores de las Naciones Unidas o en cualquier otro marco legal es que, tanto a nivel de país como a nivel de la economía global, las empresas y los Gobiernos sean específicamente responsables de implementar dichos principios. Y con demasiada frecuencia eso no es lo que sucede. En general, lo que vemos es que las empresas del sector privado afirman que van a respetar los derechos humanos, pero solo de manera voluntaria, porque han decidido hacerlo. ¿Dónde y cuándo? Y el problema es que 20 años de cumplimiento voluntario por parte de empresas de todo el mundo del respeto de los derechos humanos de los trabajadores no ha producido mejoras sustanciales en dichos derechos humanos. Basta con ver el desastre de Rana Plaza, en Bangladesh: las empresas habían afirmado que las fábricas eran adecuadas y seguras, pero más de 1.100 trabajadores murieron ese día porque ello no era cierto.
¿Cómo podría un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos ser efectivo?
Un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos es siempre un importante paso adelante, pero la pregunta es: ¿qué Estados van comprometerse a implementar ese tratado y responsabilizarse específicamente, ellos mismos y las empresas, de su cumplimiento?
En cuanto al desastre de Rana Plaza, en Bangladesh, ¿en qué medida las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores han mejorado cuatro años después?
Inmediatamente después de ese desastre se produjeron algunas mejoras en cuanto al ejercicio de los derechos de los trabajadores porque, a nivel mundial, la indignación fue increíble y, a nivel local, los trabajadores de Bangladesh fueron a la vez hábiles y agresivos, organizándose para defender sus derechos. Exigieron que las marcas industriales globales y también sus Gobiernos se hicieran responsables de las normas de seguridad en su país. Y, efectivamente, al principio asistimos a algunas mejoras: muchos miles de trabajadores pudieron formar sindicatos o afiliarse a ellos y se pusieron en marcha negociaciones con las empresas. También vimos a marcas mundiales reunirse con los sindicatos para negociar avances muy innovadores relativos a la rendición de cuentas y a la mejora de los edificios en todo Bangladesh.
En general, lo que vemos es que las empresas afirman que van a respetar los derechos humanos, pero solo de manera voluntaria. ¿Dónde y cuándo?
Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que, como los trabajadores han exigido estas mejoras, las empresas, las fábricas y el Gobierno se han lanzado a intensificar, de una manera deliberada y realmente preocupante, los esfuerzos para limitar sus derechos. Hemos visto que el Gobierno niega cada vez más el registro de nuevos sindicatos. Y muy recientemente, en diciembre, 1.600 trabajadores no sindicados fueron despedidos por una empresa después de que hubieran tratado de pedir salarios y condiciones de trabajo mejores. Estas personas, que ganaban de 68 a poco más de 100 dólares al mes, fueron despedidas por haberse expresado y haber exigido mejores condiciones. Y, lo que es peor, el Gobierno ha estado respaldando el comportamiento de la empresa privada en cuestión, ayudando en la detención de muchos de los trabajadores. Tenemos a 24 dirigentes sindicales que han sido arrestados y encarcelados. Así que cuando hablamos de empresas y derechos humanos, ¿dónde está la rendición de cuentas respecto al comportamiento de ese Gobierno y de esas empresas con esos trabajadores? El desequilibrio es enorme.
Sin un verdadero compromiso global vinculante de los Gobiernos y las empresas para que deban rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos, tememos que este tipo de comportamiento será fomentado en lugar de desalentado.
En cuanto a las relaciones internacionales, ¿cree que el poder está más en los Gobiernos o en las empresas?
Pienso que en las últimas décadas hemos asistido a una creciente concentración de riqueza y a una cada vez mayor desigualdad dentro de los Estados y entre los Estados, lo que ha dado lugar, en muchos países, a una concentración de poder que es tanto económica como política. Cada vez más, la diferencia entre el poder de las empresas y el de los Gobiernos es difícil de discernir: ¿quién es más poderoso, las empresas o los Gobiernos? A veces las empresas son aún más poderosas que los Gobiernos. Cuentan con más riqueza y tienen, digamos, más influencia en cómo se gestiona la economía. Y creo que el aumento de la desigualdad y una mayor concentración de la riqueza son muy perjudiciales, no solo para los derechos humanos sino también para la dignidad humana, el progreso y la democracia en todo el mundo. Para nosotros, la respuesta realmente tiene que ser ampliar los derechos humanos de los trabajadores, que estos puedan unirse, levantarse y hablar alto y fuerte por su dignidad, negociar mejores salarios y condiciones de trabajo y mejorar las comunidades a través del poder colectivo.
¿Crees que el nuevo Gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, influirá en los derechos de los trabajadores?
Los Gobiernos tienen poder para mejorar las vidas de los trabajadores, para garantizar que tengan empleos seguros y que no se produzcan abusos en la cadena de suministro. También creemos, como organización estadounidense, que debe ser una cuestión de principios para nuestro Gobierno y para todos nosotros que los bienes no sean producidos mediante trabajo en condiciones de servidumbre o mediante trabajo infantil y que cualquiera que trabaje en todo el mundo debe poder hacerlo en condiciones de seguridad y dignidad. Defendemos esta visión y lo haremos con cualquier Gobierno.
El desafío para todos los que formamos parte de la comunidad de derechos humanos es estar unidos y luchar para crear más oportunidades de trabajo decente, mejores medios de vida y más dignidad y libertad humanas
¿Qué opina de la Ley sobre la Esclavitud Moderna del Reino Unido, que exige a las empresas con una facturación superior a los 36 millones de libras a poner por escrito las medidas que toman para erradicar la esclavitud y el tráfico de personas?
Es un buen primer paso, pero no establece sanciones para las empresas con esclavitud en sus cadenas de suministro y no incluye los bienes producidos por filiales de las empresas o destinados a lugares que estén fuera del Reino Unido. Y las empresas que ignoren los requisitos de presentación de informes infringirán la ley, pero sin muchos riesgos o consecuencias.
Usted ha trabajado como activista y defensora de los derechos humanos durante 17 años. ¿En la actualidad, cuáles son los principales desafíos en la interacción entre empresas y derechos humanos?
El principal desafío a nivel global es el ascenso de Gobiernos, en todo el mundo, que actúan cada vez más en contra de los derechos humanos. Hay un resurgimiento global del autoritarismo y una represión de la esfera pública en todo el mundo. Y se trata de un gran reto porque este fenómeno sucede al mismo tiempo que la mayor expansión, en la historia moderna de la humanidad, de los derechos de las empresas y los inversores para operar a nivel mundial. Cuando estas dos cosas se combinan, resulta extremadamente difícil que los trabajadores y los ciudadanos se unan para defender y mejorar sus medios de subsistencia y ensanchar la democracia. Por tanto, el desafío ahora mismo es que todos nosotros y la comunidad de derechos humanos -ONG, defensores de los derechos humanos, sindicatos, etc.- nos mantengamos unidos a fin de oponernos a la supresión de la esfera pública y luchar para crear más oportunidades de trabajo decente, mejores medios de subsistencia y más dignidad y libertad humanas.
Fotografía : Shawna Bader-Blau
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