El primer gobierno elegido en las urnas en Túnez después de la Revolución de 2011 tenía como una de sus prioridades llevar a cabo un proceso de justicia transicional. Esta era una de las principales demandas de una sociedad civil altamente movilizada los meses que siguieron a la revuelta. Durante los dos primeros años, el gobierno fue haciendo gestos en este ámbito de forma discrecional mientras el Parlamento, a través del diálogo con la sociedad civil, debatía la creación de una Comisión de la Verdad para dotar la iniciativa de un marco coherente y transparente. Así, mediante una ley orgánica promulgada a finales de 2013, fue como nació la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD). La ley le atribuía un mandato ambicioso y unas competencias amplias, ambas garantizadas en la primera Constitución democrática del país: investigar los abusos cometidos por el Estado entre los años 1955 y 2013 para rehacer la memoria histórica del país, resarcir a las víctimas y hacer que los responsables rindieran cuentas ante la sociedad.
Para esta difícil tarea, el Parlamento concedió a la IVD un periodo de cuatro años ampliable a un quinto, y se comprometió a proporcionarle el presupuesto necesario. Desde entonces y hasta el mes de junio de 2016, cuando se cerró el plazo de presentación de dosieres, la institución recibió más de 62.000, en las 45 oficinas que tiene distribuidas por todo el país. De estos millares de peticiones, aproximadamente un 8% han sido desestimadas al considerarse que no cumplían los requisitos establecidos en la ley. Cerca de 6.000 han sido presentadas por colectivos, como por ejemplo, partidos, sindicatos o regiones que se consideran víctimas de una persecución sistemática, ya sea por parte del régimen de Habib Bourguiba, el padre de la independencia que gobernó entre 1956 y 1987, o el de Ben Alí.
“Nuestra filosofía se inscribe dentro del marco de la justicia transicional. Es decir, el principal objetivo no es encerrar a los agresores, sino conseguir la reconciliación de toda la sociedad. Que el país afronte y conozca su pasado para que así no se pueda repetir”, afirma Sihem Bensedrine, una periodista e histórica activista de los derechos humanos tunecina que se encontraba exiliada en Barcelona cuando estalló la Revolución, cuna de las llamadas primaveras árabes. “No queremos hacer del verdugo un chivo expiatorio, sino remontar la cadena de mando y desmantelar el sistema represivo”, añade Bensedrine sentada en su oficina, en un edificio nuevo del centro de la capital. Túnez es el único país sacudido por las revueltas del 2011 que ha sido capaz de culminar su transición, y por lo tanto, el único en el que ha sido posible poner en marcha un verdadero proceso de justicia transicional.
El principal objetivo es conseguir la reconciliación; que el país afronte y conozca su pasado para que no se pueda repetir
De acuerdo con el sistema establecido, una vez que la víctima ha rellenado un formulario y lo entrega, un comité estudia que los abusos denunciados se correspondan con el periodo y la naturaleza de los crímenes incluidos en el mandato de la IVD. Después, se procede a una audiencia con la víctima que suele durar varias horas, en la cual explica detalladamente su caso y a la que asiste un psicólogo. Acto seguido, una comisión investiga los hechos e intenta identificar al agresor. De los casos de corrupción, se encarga un comité de arbitraje. En los casos de las violaciones más graves de derechos humanos, si los juristas adheridos a la IVD –que cuentan con status de fiscales– creen disponer de pruebas suficientes, pueden abrir una causa y transferirla a unas cortes especiales que actúan bajo los principios de la justicia transicional. Así, por ejemplo, la prisión está reservada sólo para los casos de crímenes contra la humanidad, mientras que otras penas alternativas pueden comportar la pérdida del trabajo como funcionario del Estado o la inhabilitación de ostentar un cargo público. A diferencia de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, no hay unas reglas fijas que permitan a los verdugos evitar la prisión a cambio de revelar la verdad. Ahora bien, según los estatutos de la Instancia, su colaboración servirá para moderar el castigo. Los propios perpetradores pueden presentar un dosier a la IVD, que comporta la congelación y posterior archivo de las causas que tengan pendientes en la justicia ordinaria. De hecho, hay decenas que lo han hecho, sobre todo en casos de corrupción.
“Contamos con un grupo de jueces que han recibido una formación específica en el extranjero en justicia transicional y que no participaron nunca en casos políticos durante la dictadura, que integran las cámaras especializadas, añadidas al sistema legal ordinario” comenta Bensedrine, convencida del compromiso de estos jueces con los principios de su institución. Se trata de que no se repita lo que ha pasado a numerosas víctimas, que han visto cómo los últimos cinco años los tribunales han archivado sus denuncias declarándose incapaces de encontrar a los culpables de los abusos, aunque a veces las víctimas les han aportado pruebas suficientes para identificarlos.
Si bien sostienen que todo proceso transicional es único y responde a un contexto local determinado, los responsables de la IVD han tenido muy en cuenta las experiencias anteriores. “Hemos estudiado muy bien las experiencias de las 42 comisiones de la verdad creadas en otros países para no repetir los mismos errores”, asegura Bensedrine, que cita el ejemplo de Sudáfrica, donde la retransmisión por televisión de todas las audiencias provocó un proceso de retraumatización de algunas de las víctimas, y su posterior suicidio. En Polonia, por ejemplo, al no disponer de un sistema judicial ad hoc, los jueces reciclados de la dictadura archivaron muchas de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de la Verdad.
El modelo tunecino ha contribuido con algunas innovaciones a la doctrina de la justicia transicional
Además de extraer lecciones y pulir defectos, el modelo tunecino ha contribuido con dos innovaciones a la doctrina de la justicia transicional: ha abierto la posibilidad de que colectivos, y no únicamente personas físicas, puedan presentar solicitudes; y ha creado un mecanismo para castigar los casos de corrupción dentro de la propia institución. En concreto, cerca de un cuarto de los dosieres presentados corresponden a violaciones de derechos económicos y sociales, mientras que el resto hacen referencia a violaciones de derechos humanos. Con más de 10.000 casos, la tortura es la práctica más denunciada. Entre las más graves, 603 homicidios voluntarios y 355 violaciones. Y es que la violencia sexual era un arma habitual de la dictadura contra los opositores y las opositoras, y la cifra real podría ser bastante superior ya que el estigma que comporta este tipo de violencia lleva a muchas víctimas a no denunciarla.
La Instancia cuenta con un fondo para el resarcimiento de las víctimas o para financiar tratamientos para mitigar las secuelas de la tortura, pero también se coordina con otros ministerios, como el de la Seguridad Social, para los casos que merecen pensiones mensuales. Aunque la reparación monetaria es vital para que las víctimas puedan rehacer sus vidas, a menudo no es su principal demanda. Numerosos peticionarios exigen sobre todo medidas de resarcimiento moral, como la anulación de sentencias injustas o la dedicatoria con el nombre de la persona o colectivo represaliado a una calle o una escuela.
“Para empezar, queremos saber la verdad. Hay gente que todavía no sabe dónde están sus familiares desaparecidos hace años o décadas, y simplemente quieren poder enterrarlos. Nuestra familia lo que quiere es que se anule la condena judicial contra mi hermano. Es decir, una reparación moral y una rectificación oficial del Estado”, precisa Laila Yahyahoui. Su hermano Zouhair, un activista prodemocrático y bloguero, murió en el 2005 como consecuencia de los maltratos sufridos durante años en la prisión. Entre los represaliados políticos, figuran miembros de todas las familias políticas del país –socialistas, sindicalistas, comunistas e islamistas– pero también muchos ciudadanos sin ninguna filiación política.
La Instancia de la Verdad ha sido víctima de la politización de los partidos políticos y el desencanto de una parte de la población
Un mes antes del sexto aniversario de la Revolución tuvo lugar uno de los momentos más simbólicos desde el inicio de los trabajos de la Instancia: la celebración de la primera audiencia pública, en la que las víctimas de la dictadura relataron sus dolorosas historias en directo delante de las cámaras de la televisión pública nacional. El lugar escogido también destilaba una potente carga emocional: el “Club Elyssa”, una lujosa villa propiedad de la odiada esposa de Ben Alí, y donde el expresidente solía celebrar fastuosas recepciones. «La selección de las víctimas se ha hecho en base a diversos criterios. El principal, buscar un equilibrio entre todas las familias políticas represaliadas, así como también de tipo regional, de género y de las diversas épocas que cubrimos. También hemos tenido en cuenta la fortaleza psicológica de las personas», explica Seif Soudani, portavoz de la IVD, que recuerda que un equipo de psicólogos asiste a las audiencias para dar apoyo a las víctimas. Precisamente, para evitar el riesgo de retraumatización de las víctimas, como sucedió a menudo en Sudáfrica, sólo una muestra representativa presentará su testimonio públicamente. Según los responsables de la comisión está previsto que este año se celebre una audiencia pública cada mes, cada una dedicada a una temática diferente.
Cuando falta poco más de un año para el fin del mandato de la IVD, no está claro que sea capaz de cumplir los ambiciosos objetivos que se planteó. Desde su creación, la Instancia ha sido víctima de la politización de los partidos políticos, así como del desencanto de una parte de la población con la transición democrática. De hecho, el actual partido en el gobierno, Nida Tunis, vencedor de la segunda cita con las urnas en el 2014, está integrado por diversas personalidades vinculadas a la dictadura de Ben Alí y ha puesto palos en las ruedas del proceso. Asimismo, hay instituciones estatales, básicamente el Ministerio del Interior, que no están colaborando con las investigaciones, dificultan la identificación de los agresores, y por lo tanto, el ejercicio de la justicia. Por esta razón, la IVD corre el riesgo de acabar en poco más que una recopilación de los abusos de seis décadas de dictadura, sin la asunción de responsabilidades por parte de los responsables, y por lo tanto, sin la consecución de una auténtica reconciliación nacional.
Fotografía : Amine Ghrabi
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