Ha pasado más de un año de las últimas elecciones presidenciales en México. Elecciones precedidas por condiciones de violencia que llegaron a niveles históricos siendo el 20171 y el 20182 los años con más homicidios dolosos en el país. Fueron también las elecciones con mayor nivel de asesinatos de candidatos contabilizados y, aún con estas condiciones, la gente se volcó de manera masiva a las urnas, para votar sobre la base del hartazgo que habían generado los partidos tradicionales que hasta ahora habían gobernado tanto a nivel federal como local. La elección fue una apuesta por la esperanza de cambio en las condiciones de desigualdad, violencia y corrupción del país. La insostenibilidad del rumbo y necesidad de su modificación era clara con las cifras de violencia e impunidad producto de la estrategia de seguridad emprendida en la lucha contra el crimen organizado 12 años atrás3.
De esta manera llega a la presidencia de México,con un porcentaje de preferencia del electorado mayor al 50%, el tres veces candidato a ese puesto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con un partido relativamente nuevo, con el que logró construir alianzas con distintos grupos pertenecientes a la clase política tradicional, personajes emanados de los otros partidos políticos y líderes evangelistas agrupados en el también recientemente creado Partido Encuentro Social, todo ello en torno a su imagen, liderazgo y figura. Llega con condiciones políticas sumamente favorables, con mayoría absoluta en ambas cámaras del poder legislativo federal y la mayoría de las legislaturas locales.
Llega con un proyecto político con objetivos y un discurso de lucha contra la corrupción y la desigualdad social, pero también con propuestas cuestionadas por su insuficiente diferenciación de las tendencias marcadas por gobiernos pasados. De hecho, llega también con una confrontación abierta, desde las elecciones,con la sociedad civila cuyas entidades y representantes identifica como adversarios políticos ubicando y resaltando únicamente entre ellos a empresarios y líderes de opinión que cuestionan formas de su ejercicio político.
En suma, López Obrador llega con posibilidades de un control amplio del aparato de Estado y un respaldo social urgido de creer que es posible hallar un rumbo distinto al país y que está dispuesto a respaldarle mayoritariamente. Sin embargo, su agenda y propuestas no se orientan tanto a la transformación de condiciones estructurales que generan la desigualdad y la violencia, sino al cambio de condiciones políticas en torno a su liderazgo concentrador-visionario y a la designación de funcionarios que respondan a su confianza personal ubicándolos como personas honestas.
La nueva presidencia de México ha planteado la paz como un concepto asociado a la seguridad, como paz negativa opuesta a la violencia y al estado de guerra
La política en torno al tema de la paz, como otras, ha corrido la suerte de endurecerse con medidas similares a las generadas por gobiernos anteriores ante el diagnóstico de deterioro de las instituciones y complejidad del contexto, ubicándose también siempre en manos de colaboradores de la confianza personal del presidente.
La paz se ha planteado en sus ejes de gobierno como un concepto asociado constantemente a la seguridad4. Este binomio paz-seguridad nos hace pensar en una concepción de paz negativa, opuesta a la violencia, pero concentrada en la violencia física. Es decir, una paz que se opone al estado de guerra y que se concibe como negación de la misma a partir de la imposición del orden con las fuerzas de seguridad.
En esta misma lógica, recién alcanzado su triunfo electoral, el presidente lanzó una iniciativa desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llamada “Foros Escucha por la pacificación y reconciliación”, donde se esperaba atraer distintas voces para construir una estrategia que hiciera frente a las condiciones de violencia nacional a partir de foros abiertos a la participación de la población en distintas partes de la República. Sin embargo, conforme éstos fueron avanzando, se expresaron fuertes críticas por parte de la sociedad civil en general, como: la condición de que fuese la Secretaría de Seguridad quien coordinara esta iniciativa; la precipitación en la convocatoria; la falta de coordinación con académicos y organizaciones especializadas; y la concentración en asambleas abiertas convocadas de manera poco preparada y de opiniones generales con grandes retos de sistematización.
El término de “pacificación” fue señalado en varias ocasiones como inadecuado por expresar justamente una idea de paz impuesta con el orden y la fuerza pública, pero jamás se rectificó. El ejercicio no dio para hallar esas claves de abordaje del tema, la falta de una propuesta de mayor claridad para responder a la situación de violencia en el país se hacía cada vez más evidente y el diagnóstico del estado de colusión al interior de las fuerzas policiales se mostraba mucho más profundo de lo que probablemente se había concebido.
Esta situación generó un nuevo impulso para la creación de la Guardia Nacional (GN) con un fortalecimiento en su concepción de colaboración y mando militar a pesar de que, unas semanas después de la elección, el propio Secretario de Seguridad Pública, nombrado por el gobierno electo, se manifestara por detener esta propuesta de campaña. Ello, a razón de estar concebida en el marco constitucional entonces vigente como una figura decimonónica de colaboración de población civil con las Fuerzas Armadas ante una posible invasión extranjera.Pero ante la complejidad del escenario y la falta de elaboración de una propuesta alternativa real a la necesidad de detener la violencia en el país y generar condiciones de seguridad a la población, se apostó nuevamente, como lo habían intentado sus predecesores, por modificar el marco normativo constitucional a fin de dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo labores de seguridad pública. Ello a pesar de los múltiples señalamientos de organizaciones y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en contra de estas disposiciones.
La visión de paz debe tomar en cuenta las condiciones de acceso a la verdad y la justicia, de participación democrática, de respeto a los derechos humanos, de condiciones de vida dignas
Con la amplia mayoría con la que se contaba en los congresos locales y federales, se logró pasar la reforma, no sin generar oposición de organizaciones de derechos humanos agrupadas principalmente en el colectivo “Seguridad Sin Guerra”. Y cuando éstas pensaban que habían conseguido al menos un avance importante modificando las condiciones del mando, con el respaldo de la oposición en el Senado para que éste fuera civil y no militar, el presidente planteó una interpretación distinta de lo aprobado en la reforma y anunció la designación de un militar en activo, en proceso de retiro, al frente de la GN.
Así fue que la GN comenzó a operar y desplegarse en varias partes del país, incluso antes de la aprobación de las leyes secundarias y protocolos de actuación que la rigen. Después de las tensiones por el tema migratorio con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y la amenaza de éste de imponer aranceles a México, la GN ha sido recientemente enviada de forma masiva a respaldar la acción de detención de migrantes en la frontera sur.
Las tendencias de profundización de la violencia tampoco han cambiado. Los tres primeros meses de este año han sido los más violentos que se hayan contabilizado5 y el 2019 podría convertirse nuevamente en el año más violento. Una visión de análisis más integral en torno al tema de paz necesariamente debería ser comprendida más allá de su relación con las cuestiones de seguridad y debe tomar en cuenta las condiciones de acceso a la verdad y la justicia, de participación democrática en un sentido amplio, de respeto a los derechos humanos, así como subrayar la importancia de las garantías de acceso a condiciones de vida digna que permita a todas las personas desarrollarse libremente. Esto no ha sucedido.
Es sin embargo relevante ubicar que al interior del equipo de gobierno de AMLO encontramos posturas y trayectorias políticas muy diversas e incluso confrontadas. Algunas de ellas con mucha mayor empatía y relación con las demandas que ha levantado la sociedad civil afín a la lucha por los derechos humanos. En este sentido, encontramos importantes avances por ejemplo en el caso paradigmático de Ayotzinapa, donde se logró avanzar en el diseño y creación de la Comisión Presidencial para la Investigación de la Verdad del caso, con la participación de los familiares de las víctimas, las organizaciones representantes y expertos internacionales. Asimismo, se ha cambiado el discurso sustantivamente, reconociendo la dimensión y emergencia de las desapariciones forzadas en México. Se ha mantenido, además, un diálogo constante desde el periodo de transición con diferentes colectivos de víctimas, muchos de ellos agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Éste, desde su articulación, logró alcanzar capacidad de diseño y propuesta para la creación de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares. Ahora busca su implementación de manera adecuada priorizando la labor de búsqueda e identificación de personas.
Las tendencias de profundización de la violencia no han cambiado y el 2019 podría convertirse nuevamente en el año más violento
El discurso en contra de la economía neoliberal ha sido parte importante del posicionamiento político de este gobierno, pero el impulso de la economía sigue estando basado en la inversión en mega proyectos de infraestructura con alto impacto ambiental en territorios con una importante presencia de comunidades indígenas y campesinas, particularmente del sureste del país. Es en esta región donde se anuncia la construcción del llamado Tren Maya, proyecto con un importante impacto ambiental y en las condiciones de vida de las comunidades del territorio. También están previstas la construcción del Tren Transísmico, en una zona geopolíticamente estratégica y la refinería de Dos Bocas Tabasco, que es parte de una apuesta por una economía que continúe siendo petrodependiente sin proyectos claros de energías alternativas.
Los procesos para el avance y definición de dichos proyectos han mostrado ser sumamente limitados en materia de participación y consulta, particularmente en relación a las consultas indígenas que no cuentan con una constante de aplicación para todos los proyectos, independientemente del interés del gobierno de sacarlos adelante. Tampoco han contado hasta ahora con ningún nivel de cumplimiento en relación a los estándares internacionales, y se han hecho de manera extensiva a poblaciones y ciudades no afectadas de manera directa. Ello ha generado confrontación y polarización social en comunidades, con efectos fatales como en el caso del Proyecto Integral Morelos donde, después de una descalificación pública del presidente a la población en resistencia y de la imposición de una consulta convocada con menos de dos semanas de anticipación, asesinaron a uno de los líderes opositores en la puerta de su casa, cuatro días antes de la realización de la misma.
Por otro lado, se ha impulsado una Reforma Constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos que busca cambiar la concepción de su relación con el Estado mexicano, partiendo del reconocimiento de elementos centrales en sus culturas como lo son sus sistemas normativos y la introducción del concepto de territorio, entre otros muchos pendientes que forman parte de la deuda histórica que se tiene con estas poblaciones. En el impulso de programas sociales de apoyo, con recursos directos a amplios sectores de la población, se destinará el mayor monto que se haya dado. Para lograrlo, se ha llamado a un conjunto de medidas con importantes recortes a la burocracia que ha bajado salarios de altos funcionarios, pero también va despidiendo a trabajadores, en un adelgazamiento estatal paradójicamente propio de los Estados neoliberales. Adicionalmente, dichos programas sociales parecen orientarse a fortalecer una política clientelar sobre la población, manteniendo el reto de la reducción de la brecha de desigualdad y marginación; y podrían tener por efecto generar rupturas al interior de espacios comunitarios de organización y resistencia social además de los riesgos que conlleva el reparto extensivo de recursos en el contexto de violencia exacerbada que se vive en buena parte del país.
Hay que avanzar hacia unanoción de construcción de paz que se centre en la recuperación de las relaciones sociales, la transformación de las estructuras y el alcance de todas aquellas condiciones que permitan una convivencia sana y plural con equidad y justicia
En materia de procuración de justicia es fácil coincidir con la catástrofe presentada por el Fiscal General de la República en su informe sobre los 100 primeros días de actividad en la institución; pero se asemeja en mucho a lo que en su tiempo señalaron sus antecesores Procuradores Generales y la orientación de su labor parece apostar más por concentrarse en el avance de las investigaciones de casos paradigmáticos que en una transición y transformación de fondo en la institución y el sistema de procuración de justicia federal.
El tema de la migración vive probablemente uno de los momentos de mayor emergencia con el impulso de una política de detención y criminalización de la población migrante y de defensores de derechos humanos de la misma. La situación general de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha continuado agravándose con al menos 20 asesinatos en lo que va del nuevo gobierno y un mecanismo de protección gubernamental con grandes deficiencias que hacen patente la insuficiencia que representa este instrumento sin el impulso de una política integral de protección que dé coherencia a todos los esfuerzos que se requieren en la materia.
Al mismo tiempo, la relación de la sociedad civil con el presidenteno mejora. No únicamente por las continuas descalificaciones que éste le ha propinado, sino por un desprecio generalizado de las razones técnicas que cuestionan cualquiera de sus decisiones por encima de su afán voluntarista del seguimiento del logro de sus objetivos. La postura del movimiento social de izquierda en sus diferencias y multiplicidad ha sido variada, desde quienes han decidido sumarse o colaborar con una visión optimista de las posibilidades de cambio, hasta quienes -como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno- ya han planteado una postura clara de alejamiento y resistencia contra el nuevo gobierno. Pasando también por una amplia gama de posturas intermedias de organizaciones civiles que, desde su labor, mantienen al mismo tiempo una relación crítica y de acercamiento en diferentes agendas.
Desde una mirada de construcción de paz y transformación de conflictos, estoy convencido de que un cambio de gobierno con la trascendencia de objetivos como los que se han trazado, abre importantes oportunidades para demandas históricas y necesarias para alcanzar una paz verdadera. Pero requiere del impulso de un proyecto con una visión integral de este concepto, que ayude a unificar de manera congruente y realizable todos sus componentes hacia una noción de construcción de paz que se centre en la recuperación de las relaciones sociales, la transformación de las estructuras y el alcance de todas aquellas condiciones que permitan una convivencia sana y plural con equidad y justicia, más allá del impulso de iniciativas aisladas, orientadas a recuperar el orden pacificador en torno a un liderazgo concentrador y carismático, así como la buena voluntad de sus colaboradores. Contar con la capacidad para influir en ello, para aprovechar las posibilidades que ofrece el contexto, es un importante reto que se nos abre a quienes desde distintas temáticas y frentes de lucha seguimos creyendo y apostando por construir esa paz alcanzable, justa y duradera.
SOBRE EL AUTOR
Alberto Solís es defensor de los derechos humanos en México y actual director ejecutivo de SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C). Especializado en asesoría y acompañamiento político estratégico a movimientos y organizaciones sociales para la transformación positiva de conflictos y la demanda de causas legítimas y justas de la sociedad civil.
1. Bellal, A. (2017). The War Report (No. BOOK). Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights (Geneva Academy).
2. Gobierno de México: información referente a incidencia delictiva; estadísticas, archivos de datos abiertos, así como información relevante al respecto.
3. Ver la página web Política de Drogas
4. Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024
5. Gobierno de México: información referente a incidencia delictiva; estadísticas, archivos de datos abiertos, así como información relevante al respecto.
Fotografía mitin de Andrés Manuel López Obrador
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