La inseguridad ha adquirido relevancia mediática y social, siendo un tema recurrente de la comunicación política. Los agentes de presión securitaria exigen respuestas inmediatas y excepcionales para gestionar la delincuencia o los problemas de convivencia, a pesar de que puedan implicar un recorte de garantías democráticas y de derechos y libertades. La mayoría de los partidos políticos hacen un uso electoral de ese miedo, y defienden políticamente como una solución casi “mágica” los diagnósticos superficiales, supuestas medidas urgentes e intervenciones disuasivas a corto plazo.
De forma generalizada, las políticas de seguridad que se venden públicamente como las más efectivas y que desempeñan un papel relevante en el campo de la batalla electoral son el aumento de funciones y efectivos policiales y la expansión de las tecnologías de vigilancia y control en el espacio público, a pesar de la existencia de estudios que relativizan el impacto de estos métodos por sí solos en los índices de criminalidad [1] [2].
Progresivamente, y paralelamente a los discursos populistas sobre la inseguridad, se van confeccionando y generando más herramientas y encuentros en los que explorar modelos y acciones de largo recorrido, basados en la prevención, la transformación de las violencias, la participación y el diálogo. En este sentido, la presentación el pasado 3 de marzo del libro Políticas locales de seguridad humana y comunitaria , desarrollado por el Grupo de trabajo sobre seguridad pública en Catalunya del ICIP, así como las jornadas “Políticas públicas, barrios y seguridad” organizadas por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) unos días más tarde, han sido dos espacios recientes donde se han puesto sobre la mesa cuestiones importantes sobre las oportunidades y los límites de diversas experiencias municipales y regionales, principalmente de Catalunya, y que nos dan muchas pistas sobre cómo deben diseñarse las políticas locales de seguridad:
- Basarse en la evidencia científica. Una de las cuestiones imprescindibles a la hora de confeccionar políticas de seguridad y de evaluar su éxito en términos de la percepción de seguridad es realizar una adecuada recogida y análisis de datos, con métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Herramientas como las encuestas de victimización pueden ofrecer información detallada para realizar buenos diagnósticos y diseñar intervenciones. Al mismo tiempo, es necesario evaluar aquellas experiencias no punitivas y comunitarias que están obteniendo resultados positivos en términos de reducción de la inseguridad y la violencia y que, por tanto, sacuden los pilares del modelo de seguridad hegemónico.
- Diferenciar los conflictos de convivencia de los hechos violentos . A menudo se confunde, en la teoría y la práctica, conflictos vecinales relacionados con la convivencia, la cohesión social o el civismo, con cuestiones relacionadas con la criminalidad y las violencias. Es importante su diferenciación a fin de adecuar las respuestas a la gravedad de los hechos y a la percepción de la inseguridad que generan. La aplicación descontextualizada, de instrumentos desproporcionados e ineficaces o de actores que se ven actuando fuera de sus competencias, enquista, desplaza o escala los conflictos. En la Encuesta ICIP ”Convivencia y cohesión en Cataluña” publicada recientemente, el incivismo (74%) se percibe, con diferencia, como el principal problema de convivencia en el entorno más cercano. A mucha distancia se sitúa la delincuencia (45%) y la inseguridad en general (44%). Asimismo, en la Encuesta de Victimización del Área de Metropolitana de Barcelona (EVAMB) del IERMB , también publicada recientemente, se pregunta por tres emociones o estados diferentes (seguridad, alerta e inseguridad) y concluye que, en términos generales , las personas se sienten seguras o a salvo en su barrio. Hay ciertas situaciones en las que la población se siente en alerta, concretamente cuando ve a personas haciendo botellones, o en ciertas zonas, calles, espacios comerciales y en el transporte público. Sin embargo, las únicas situaciones que generan sensación de inseguridad son aquéllas que se relacionan con la violencia sea la que llevan a cabo las personas, o la que se asocia al vandalismo. Asimismo, vemos que “estas vivencias difieren de forma importante según el perfil de la población y nos ayudan a comprender la desigual construcción social de la inseguridad” (p. 303).
- Priorizar los planteamientos de largo plazo. A menudo, el aumento de la punitividad se presenta como receta sencilla, que gana protagonismo ante pretensiones de intervención más complejas y sociales. Pese a que las cuestiones de seguridad y convivencia requieren de muchas respuestas inmediatas, es necesario apostar por una mirada más ambiciosa que replantee el modelo de seguridad en su totalidad. Esto implica el refuerzo de agentes comunitarios, con más y mejores recursos, así como la inversión en política social en detrimento de la política punitiva.
- Atender las causas estructurales. Es necesario analizar con rigor las cuestiones estructurales y contextuales, como son la movilidad, las desigualdades, la situación residencial, la calidad de las relaciones y los vínculos, los recursos materiales al alcance, o determinados marcadores físicos que condicionan e influencian la percepción de inseguridad. En el mismo sentido, una aportación valiosa es la consideración de las dinámicas subyacentes que se dan antes de que un conflicto emerja, o de los afectos y la intensidad emocional con la que se viven los sucesos violentos y que pueden condicionar la percepción de la población durante un largo período de tiempo. Así, por ejemplo, Juan José Medina, investigador del departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales de la Universidad de Sevilla, citaba en su intervención en las jornadas del IERMB varios estudios que concluyen que las políticas redistributivas y la inversión económica en los barrios, así como la apuesta por la intervención comunitaria, son muy efectivas en la reducción de la delincuencia [3] .
- Invertir en la provención [4] de los conflictos y en la prevención de la violencia. Los actores institucionales, sociales y policiales reclaman respuestas coordinadas a múltiples niveles y la intervención preventiva de distintos agentes. Este tipo de procesos son una realidad -a pesar de que todavía es muy anecdótica y localizada- en la demarcación de Barcelona. Encontramos acciones como la dotación de áreas de mediación de los recursos humanos y económicos suficientes para cubrir diferentes tipologías de conflictos en el espacio público y vecinal, como en Hospitalet de Llobregat, o experiencias como la atención compleja en el contexto en el que suceden las infracciones y el despliegue de medidas no punitivas en Castelldefels. Este último caso, demuestra cómo profesionales y áreas no tradicionalmente vinculadas a la seguridad pueden impulsar proyectos con un impacto evidente en este ámbito.
- Apostar por la coproducción, el trabajo multiagencial y la participación ciudadana. Hay respuestas que pasan por un abordaje integral desde múltiples áreas de los ayuntamientos, como en el caso del barrio de Sant Cosme, en El Prat, o por la apertura de procesos de diálogo y participación reales y continuados con la población; por ejemplo, estableciendo referentes de convivencia en los barrios entre vecindario e institución, como en el caso de Sabadell.
Valorar y evaluar los resultados de las políticas públicas de seguridad a medio y largo plazo es, a menudo, complejo. Más allá de las estadísticas, la apuesta por abordajes integrales, longitudinales y profundos de los problemas de seguridad y convivencia implica desarrollar indicadores y herramientas que no son las habituales desde la perspectiva tradicional de la seguridad ciudadana. En este sentido, es preocupante que se sigan haciendo propuestas electorales acríticas que no tienen en cuenta los aprendizajes de políticas o medidas que se han demostrado ineficientes, ni el cúmulo de conocimiento que se genera en el país en relación a la inseguridad y al a raíz de la mayoría de conflictos y violencias.
En cualquier caso, lejos de ser una ambición surgida del idealismo, el despliegue de políticas basadas en una aproximación comunitaria y en la garantía de los derechos, no sólo se presenta como una opción factible, sino en expansión. Los resultados disponibles, si bien son más complejos de evaluar que una simple relación de causa-efecto a corto plazo en los índices de criminalidad, demuestran su efectividad en la reducción de la delincuencia, pero especialmente en la prevención de la violencia, la mejora de la percepción de inseguridad y en la transformación positiva de los conflictos. Respuestas, en definitiva, que enriquecen la aplicación práctica de las visiones comunitarias y humanas de la seguridad y convivencia.
Nora Miralles, investigadora sobre seguridad, género y derechos humanos en el Centre Delàs y miembro del Grupo del grupo de trabajo sobre seguridad pública en Catalunya, del ICIP.
Sandra Martínez, responsable del área “Alternativas de seguridad” del ICIP.
[1] Baughman, SB (2020). How Effective Are Police? The Problem of Clearance Rates and Criminal Accountability (April 1, 2020). 72 Ala. L. Rev. 47. University of Utah College of Law Research Paper No. 362.
[2] Welsh, BC y Farrington, DP (2004). Evidence-based crime prevention: The effectiveness of CCTV. Crime prevention and community safety: An International Journal 2004, 6 (2), 21-33.
[3] Harada, M. y Smith, D. (2021). Distributive Politics and Crime, SSRN.
[4] Provenir significa proveer a las personas y a los grupos las aptitudes necesarias para afrontar un conflicto. La provención se diferencia de la prevención de conflictos porque cuyo objetivo no es evitar el conflicto, sino aprender a cómo afrontarlo.