El Parlament de Catalunya ha adoptado esta semana una resolución de apoyo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y ambientales de El Salvador. Aunque simbólico, el gesto es enormemente importante.
El Salvador vive en estado de excepción desde el 27 de marzo de 2022. Y estado de excepción significa drástica suspensión de derechos y libertades. Aunque se decretó como medida excepcional para combatir los elevadísimos índices de violencia e inseguridad, su implementación se ha prolongado en el tiempo y ha derivado en prácticas autoritarias que no contribuyen a la consolidación de la paz en el país. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en este sentido y ha pedido al gobierno salvadoreño ponerle fin.
Una de las principales consecuencias de esta medida securitizadora son las cerca de 90.000 personas privadas de libertad, que hacen del país centroamericano el sitio con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (1.650/100.000 hab.). Como muchas organizaciones de derechos humanos denuncian, un número considerable de estas personas han sido encarceladas sin pruebas suficientes. El mismo régimen admitió un posible margen de error de 8.000 individuos, considerados como daños colaterales en esta guerra contra las bandas criminales: personas sin conducta delincuencial capturadas por encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado, por identificaciones discriminatorias o por delaciones vecinales y acusaciones falsas. También para dar cumplimiento a cuotas de arresto predeterminadas.
Estas personas se encuentran en unas condiciones de detención inhumanas en centros en los que se multiplican las denuncias por tortura, desapariciones forzadas y muertes en custodia estatal. Se calcula que más de un millar de niñas, niños y adolescentes han sido encarcelados en este mismo contexto. Las reformas de la Ley Penal Juvenil aprobadas el pasado año permiten que los jóvenes condenados por delitos relacionados con el crimen organizado puedan ser trasladados a centros penitenciarios para adultos. Y desde febrero de este año, una reforma constitucional permite la aplicación de la cadena perpetua por una serie de delitos tanto a adultos como a adolescentes mayores de 12 años.
Por otra parte, con la excusa del mantenimiento de la seguridad y bajo este régimen de excepción, se justifica la concentración de poderes y se está restringiendo la libertad de todas aquellas personas y organizaciones contrarias a la retórica gubernamental, así como a las comunidades que protestan por los impactos de megaproyectos en sus vidas y territorios. La promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros es un instrumento más en el control de ONG y en la creciente restricción del espacio cívico. En paralelo, la libertad de expresión y la libertad de prensa se ven cada vez más limitadas, y fuerzan a un gran número de periodistas salvadoreños al exilio.
Como ha explicado la periodista Angélica Cárcamo a los diputados y diputadas catalanes, esta represión contra el periodismo crítico se combina con la cooptación de las corporaciones mediáticas tradicionales y con una inyección millonaria de fondos públicos para dominar la narrativa y presentar el régimen como modelo de seguridad y prosperidad.
Y está funcionando. Según encuestas recientes , a pesar de la deriva autoritaria, la población salvadoreña sigue dando amplio apoyo al presidente Nayib Bukele. Y más de un país confrontado a problemas (reales o magnificados) de seguridad está teniendo la tentación de replicar partes del modelo Bukele aunque implique retrocesos democráticos.
Es evidente que los niveles de violencia en El Salvador eran insostenibles y hacían la vida imposible a cientos de miles de personas. Y es cierto que las tasas de homicidio se han reducido en El Salvador y que la población tiene la sensación de vivir hoy con mayor seguridad. ¿Pero a qué precio? Hace pocas semanas el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador presentó un informe a las Naciones Unidas que afirma que el régimen de excepción se ha convertido en una “política de Estado” represiva y que hay motivos razonables para pensar que durante les últimos cuatro años se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país.
No puede presentarse el modelo Bukele – una política de seguridad basada en la concentración de poderes y la violación de los derechos humanos – como un modelo de éxito. Es fundamental que se denuncien pública y rotundamente las partes más oscuras de este modelo que se autoproclama ejemplar y que se condene sin ambigüedades los ataques al estado de derecho, la democracia y la dignidad humana que comporta.
Si bien las organizaciones e instituciones de derechos humanos llevan tiempo alertando sobre la situación salvadoreña, la respuesta de la comunidad internacional está siendo insuficiente. Los pronunciamientos críticos para con el régimen de excepción han sido escasos y poco incisivos. Por eso es importante que la Comisión de Unión Europea y Acción Exterior del Parlament de Catalunya haya tenido una sesión enfocada a Centroamérica con comparecencias muy pertinentes de la Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l’Amèrica Central, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de la región. Bienvenidas las dos resoluciones adoptadas – sobre El Salvador, y también sobre Nicaragua, país que vive bajo un régimen autoritario – en la cámara catalana. Defender la democracia y los derechos humanos allá donde están tan flagrantemente atacados y solidarizarse con las víctimas de la represión son gestos coherentes con la pretensión de construirnos como un país de paz.
Sabina Puig, responsable del área «Violencias fuera de contextos bélicos» del ICIP