El 5 de febrero de 2026 ha expirado formalmente el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como New START. Esta fecha no marca únicamente el fin de un acuerdo técnico entre Estados Unidos y Rusia, sino también la desaparición del último marco jurídico bilateral que limitaba las armas nucleares estratégicas de largo alcance. Dado que ambas potencias concentran cerca del 90 % del arsenal nuclear mundial y asistimos a un momento de aumento de la tensión internacional, la extinción de este instrumento exige una lectura que vaya más allá del realismo geopolítico y se aborde desde una perspectiva de paz y seguridad compartida.
La erosión de los mecanismos de confianza mutua
El New START ha funcionado como un mecanismo clave de transparencia institucionalizada. Su valor no residía solo en el establecimiento de límites cuantitativos, sino, sobre todo, en los sistemas de verificación, inspección e intercambio de datos que permitían una predictibilidad mutua entre las partes. Desde una perspectiva teórica de la paz, estos mecanismos son medidas de construcción de confianza esenciales para reducir el riesgo de escalada derivado de errores de cálculo o percepciones de amenaza asimétrica.
Con la expiración del tratado, nos adentramos en un escenario de creciente opacidad. La sustitución de la verificación diplomática por sistemas de vigilancia basados en inteligencia tecnológica reduce la interacción humana y política entre los actores, desplazando la gestión del riesgo hacia dinámicas más automatizadas, unilaterales y, por tanto, más vulnerables ante crisis inesperadas. La pérdida de canales de comunicación formalizados no es un detalle técnico: es un factor estructural de inestabilidad.
La retórica de la escalada y la pulsión de la impunidad
La expiración del New START no se produce en un vacío diplomático neutral, sino en un contexto de inflación retórica que ha normalizado la amenaza nuclear como instrumento de presión política. En los últimos meses, hemos visto un peligroso desplazamiento discursivo: de la disuasión, entendida tradicionalmente como recurso de último extremo para evitar el conflicto, al uso explícito del arsenal nuclear como herramienta de negociación cotidiana.
Esta retórica belicista, lejos de ser mera propaganda, erosiona los tabúes nucleares construidos a lo largo de décadas y reduce la distancia psicológica respecto al uso de la fuerza. Se inscribe en una dinámica más amplia de desinterés por el control de armamentos por parte de las grandes potencias, en un contexto en el que la soberanía militar se prioriza sistemáticamente por encima de la estabilidad colectiva.
En este escenario, se observa una voluntad deliberada de liberarse de los mecanismos de rendición de cuentas, bajo el argumento de que el control de armas limita la modernización tecnológica o genera desventajas estratégicas frente a terceros actores, como China, que no es signataria de ningún mecanismo de desarme nuclear. La desaparición de marcos de control fomenta así una lógica de impunidad: sin mecanismos vinculantes ni supervisión mutua, la amenaza nuclear se convierte en un recurso político de bajo coste y alta rentabilidad simbólica.
Esta pulsión hacia una autonomía estratégica absoluta refleja un retorno al unilateralismo clásico, que ignora una realidad fundamental: en la era nuclear, la seguridad de un Estado no puede construirse sobre la vulnerabilidad extrema del otro.
El retroceso del derecho internacional
Uno de los riesgos más graves del nuevo vacío legal es la normalización del discurso nuclear. Hemos pasado de una etapa en la que el desarme constituía un horizonte compartido a otra en la que la “necesidad de rearme responsable” se ha convertido en la nueva narrativa dominante. Mientras los presupuestos destinados a la modernización nuclear aumentan de manera sostenida, las crisis climáticas, económicas y sociales quedan relegadas, lo que configura una paradoja inquietante: a medida que el control de armas se desintegra, la seguridad humana se ve amenazada no solo por el riesgo de uso bélico, sino también por la desviación masiva de recursos públicos hacia arsenales de destrucción.
Al mismo tiempo, la ausencia de limitaciones bilaterales pone en riesgo la arquitectura del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Sin un compromiso creíble de desarme por parte de las potencias nucleares signatarias, el régimen mundial de no proliferación pierde tanto autoridad moral como fuerza jurídica. A su vez, este debilitamiento no puede desvincularse de la crisis más amplia del multilateralismo ni del creciente desprecio por el derecho internacional. La incapacidad de los espacios multilaterales para actualizar, reforzar o hacer cumplir los regímenes de derechos humanos evidencia una gobernanza global cada vez más débil y fragmentada.
Esta coyuntura obliga a cuestionar la vigencia de la disuasión nuclear como pilar del orden internacional. La paz no puede sostenerse sobre el equilibrio de la amenaza; debe construirse sobre la solidez del derecho internacional, la confianza mutua y el diálogo político. Ante la parálisis de los foros bilaterales tradicionales, la expiración del New START subraya la necesidad urgente de repensar una nueva arquitectura de seguridad compartida. El desarme no debería entenderse como un gesto de buena voluntad, sino como un imperativo legal, ético y humanitario ligado directamente a la supervivencia colectiva. Y el deterioro del control de armas debería actuar como catalizador para reactivar el diálogo multilateral y reafirmar el principio de que la seguridad global es indivisible.
Sandra Martínez es responsable del área “Alternativas de seguridad” del ICIP.