A la crisis política y económica que vive Venezuela se le suma una emergencia en términos de seguridad ciudadana. La violencia sobre la población está aumentando en toda América Latina, pero en Venezuela es un gran flagelo solo comparable al triangulo norte de Centroamérica. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el país ocupó en 2017 el segundo rango regional y mundial (tras El Salvador) en cuanto a la tasa de homicidios: 89 por cada 100.000 habitantes (132 en Caracas). Esto supuso un total de 26.616 fallecidos en todo el territorio nacional, aunque las cifras oficiales registraron un número menor, 21.752 homicidios (70,1 por 100.000). Según el OVV las estadísticas oficiales minimizan el número de muertes violentas ya que utiliza la categoría de homicidios sólo para los casos donde existe la apertura de un expediente por asesinato. Los miles de muertes violentas a causa de un disparo de arma de fuego sin causa determinada no se computan. Es por ello que las siete universidades venezolanas que actualmente se agrupan en el OVV realizan sus propias estadísticas basándose en una red de observatorios regionales y observatorios de prensa que contrastan con las cifras oficiales.
Según el OVV, desde 2000, se han cometido unos 250.000 homicidios, la mayoría de ellos con armas de fuego. En estos años también se incrementó la violencia doméstica agravada por las situaciones de privación de productos básicos como la alimentación. Además en 2017 aumentó la violencia del Estado, tanto en el uso desproporcionado de la fuerza para el castigo y control del delito, como en el uso ilegítimo de la fuerza para reprimir la protesta social. El OVV asegura que en 2017 cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares, pero la mayoría no aparecen en estadísticas oficiales. La opacidad en las cifras del gobierno se correlaciona con una tasa de impunidad del crimen en general que llega al 90%. Ésta va más allá del homicidio; según Amnistía Internacional el 98% de los casos de violaciones de derechos humanos y el 92% de los delitos comunes también quedan sin juicio en Venezuela. El OVV también informa del incremento de las muertes por encargo con, al menos, una media de 6,4 por semana. Igualmente calcula que muere al menos 1 policía al día asesinado. Tanto víctimas como victimarios son mayoritariamente hombres jóvenes entre 12 y 29 años de edad (el 60%), reclutados entre los sectores más vulnerables de población afectada por la penuria económica y la escasez de alimentos.
Altos miembros de la cúpula militar veneçolana estan acusados de formar parte de la estructura del crimen organizado y beneficiarse del narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando de gasolina e incluso de alimentos
Los cuerpos policiales no son capaces de dar respuesta a esta situación de emergencia, ya que muchos profesionales se han pasado al sector privado que ofrece mejores salarios y otros han emigrado. Muchos de los nuevos ingresados responden más a consideraciones clientelares que a un adecuado adiestramiento y, dada su precariedad salarial, son muy vulnerables a ser cooptados por la delincuencia y acaban involucrados en la comisión de los delitos, lo que ha facilitado la progresiva penetración de las redes del crimen organizado. La implicación de miembros de los cuerpos policiales en el narcotráfico no es reciente, ya se venía dando hace décadas, lo que ha cambiado es la intensidad.
La permeabilidad de la frontera entre Venezuela y Colombia con amplias zonas despobladas y carentes de controles, junto a la permisividad que se dio a la presencia de los grupos armados guerrilleros de las FARC y el ELN por parte de Hugo Chávez fueron la semilla de un campo abonado para que se extendiera el narcotráfico. Estos grupos armados desarrollaron una red de ida y vuelta traficando con cocaína hacia el norte y con gasolina barata venezolana hacia el sur (un negocio tanto o más nutritivo que el narcotráfico en Venezuela).
Con el incremento de la violencia se decidió convertir el asunto en un tema de seguridad nacional, lo cual supuso la implicación de las fuerzas armadas en la lucha del crimen transnacional. Inicialmente fue la Guardia Nacional la que se implicó en la vigilancia del crimen organizado, pero fue cooptada por la corrupción a cambio de permisividad. Después, cuando la presencia del narcotráfico se hizo más evidente y Venezuela fue presionada internacionalmente, Chávez incorporó al resto de las fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). Su presencia se fue incrementando, pero al poco tiempo también se ampliaron sus conexiones con las redes criminales. Las fuerzas del Ejército Bolivariano Venezolano entablaron relaciones con las redes establecidas por la FARC y el ELN hasta el punto de que se acusa a altos miembros de la cúpula militar venezolana de formar parte de la estructura del crimen organizado y beneficiarse del narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando de gasolina e incluso de alimentos. Las investigaciones hechas en Estados Unidos apuntan que, de acuerdo a las confesiones de traficantes extraditados, existe una vinculación clara con el tráfico ilícito de parte de los miembros de la cúpula militar, a los que se llamó el Cartel de los Soles, haciendo referencia a las insignias de los uniformes. El Departamento de Estado de Estados Unidos, basándose también en confesiones de narcotraficantes extraditados, asevera que dos son las figuras más destacadas del régimen vinculadas al negocio de las drogas: Diosdado Cabello, hoy presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Tareck el Aissami, vicepresidente económico, extremo que ambos niegan. Sin embargo, los dos han sido sancionados por Estados Unidos, junto otros altos cargos, congelándoles los activos en el país y prohibiéndoles la entrada.
La ubicación de Venezuela junto a la incapacidad de control por parte del Estado y el alto índice de corrupción han convertido el país en un punto negro del tráfico ilícito de drogas y armas
Fuentes de la fundación InSigth Crime señalan que inicialmente los narcos colombianos pagaban a los miembros de las fuerzas armadas para pasar la droga, pero con el tiempo se incrementó su función pasando a ser los que controlaban el tráfico en parte del territorio, incluso en concurrencia con otras redes organizadas transnacionales. En 2005 se expulsó a la Administración para el Control de la Droga Americana (DEA, por sus siglas en inglés) y eso supuso una escalada del negocio en territorio venezolano. La detención de narcotraficantes colombianos y su extradición sirvió para “nacionalizar” el negocio que presuntamente pasó a estar controlado por los propios generales aunque de forma dispersa. La ubicación de Venezuela entre el máximo foco de producción y la vía a los dos grandes mercados (Estados Unidos a través de Centroamérica y Europa a través del Caribe), junto a la incapacidad de control del monopolio del uso de la violencia por el Estado y el alto índice de corrupción amparada en la impunidad han convertido a Venezuela en un punto negro del tráfico ilícito de drogas y armas.
A las sobredimensionadas fuerzas armadas venezolanas (2.000 generales frente a 900 en Estados Unidos) y las debilitadas fuerzas policiales que operan en Venezuela hay que añadir otros grupos que tienen acceso a las armas. Hugo Chávez y después su sucesor Nicolás Maduro impulsaron la movilización de una fuerza de civiles reservistas denominada Milicia Bolivariana que recibe entrenamiento militar. Está compuesta por 400.000 integrantes, pero Maduro quiere aumentarla a un millón. Muchos de ellos pertenecen también a los Colectivos, agrupaciones que tienen como finalidad la defensa a ultranza de la revolución y responden, en principio, a las consignas del gobierno. Sin embargo, según InSigth Crime una parte de ellos se han convertido en asociaciones criminales que se dedican a la extorsión y al narcotráfico. Según el Observatorio Venezolano del Crimen Organizado algunas de ellas (no la mayoría) mantienen relaciones con las denominadas megabandas, que son verdaderas organizaciones criminales que controlan de facto partes del territorio y se relacionan con las bandas paramilitares colombianas denominadas Bacrim. Estos grupos tienen una impunidad casi absoluta frente a las fuerzas policiales. La mayoría se dedican a la extorsión, el robo y el secuestro, pero también tienen relaciones con el tráfico ilícito de drogas, armas y otros delitos conexos, como el sicariato.
La crisis económica, la debilidad de las instituciones, la corrupción y la proliferación de redes criminales han llevado Venezuela a una situación que algunos comparan con un estado mafioso
A la falta de seguridad en las calles se une la ineficiencia de un poder judicial politizado y falto de profesionalidad. Según Insigth Crime el 75% de los jueces tienen cargos provisionales y no tienen las condiciones para actuar con diligencia, aunque tuvieran la voluntad de hacerlo. Otro tanto ocurre con el precario sistema de prisiones que según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presenta un nivel de hacinamiento que supera el 190%. Muchas de las prisiones están dominadas por cabecillas de bandas criminales denominados “Pranes” que extorsionan a los demás reclusos ante la inacción de las autoridades. Venezuela tiene las prisiones más peligrosas de América Latina.
La crisis económica, la falta de oportunidades, la debilidad de las instituciones, la proliferación de redes criminales de distinto tipo y la corrupción han llevado a Venezuela a una situación que algunos comparan con un estado mafioso por la estructura de complicidades entre gobernantes y la economía ilícita. De ahí la crisis migratoria que se ha desatado y que está afectando a los países vecinos y que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre 2004 y 2017 ascendió a más de un millón y medio de venezolanos. El proceso de paz en Colombia que llevó al abandono de las armas de las FARC no ha tenido efectos en la mejora de la situación en Venezuela a donde han acudido parte de los disidentes que se han integrado a la delincuencia. El creciente aislamiento regional de Venezuela y el agravamiento de la situación económica no auguran una próxima mejora en el control de la criminalidad en el país.
Fotografía : SOS Venezuela / byLorena
© Generalitat de Catalunya