Las desapariciones forzadas constituyen una de las prácticas más crueles del amplio —demasiado amplio— abanico de violaciones de los derechos humanos. Aun así, no reciben la atención política necesaria ni se están tomando medidas suficientes para prevenirlas y ofrecer verdad, justicia y reparación a sus víctimas.
No sobran las oportunidades para dimensionar el alcance y el impacto de las desapariciones forzadas. Ni para colocarlas en la agenda internacional. Ni para reconocer el valor de los pocos mecanismos existentes para combatirlas. Ni para dar voz a las familias que, con valentía y tenacidad, buscan a sus seres queridos.
Y precisamente porque no sobran estas oportunidades, la celebración, el pasado 24 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, de un acto para conmemorar los 20 años de la Convención sobre Desapariciones Forzadas fue todo un acierto. Los aniversarios son una ocasión excelente para reavivar el interés por causas habitualmente poco visibilizadas. También para hacer balance.
La adopción de la Convención, en diciembre de 2006, fue un hito muy importante, fruto de un magnífico trabajo en el que se articularon colectivos de víctimas, organizaciones de derechos humanos, juristas y diplomáticos. El esfuerzo venía de lejos —ya a principios de los años ochenta se veía su necesidad— y logró concretarse en un momento especialmente complicado para los derechos humanos: después de los atentados del 11-S y en plena «guerra contra el terror». El mérito de las decenas de personas que lo hicieron posible es enorme, porque se enfrentaron con la oposición de actores poderosos.
Veinte años después, en un momento histórico abiertamente hostil al respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, revivir éxitos como aquel resulta reconfortante y una gran fuente de inspiración. Recomiendo mucho ver el vídeo del aniversario para hacerse una idea de cómo fueron las negociaciones y de cómo se fueron superando, uno a uno, todos los obstáculos jurídicos y políticos. Se pueden extraer aprendizajes muy necesarios.
Aun así, la valoración de los 20 años de la Convención es más bien modesta. Sin ningún tipo de duda, el escenario sería peor sin la existencia de la Convención y del Comité que se creó para darle seguimiento y que realiza, con muy pocos recursos, una labor admirable. Pero un repaso a la situación global evidencia que la Convención no ha sido capaz de poner fin a las desapariciones forzadas ni de garantizar los derechos de las víctimas. Cabe decir, por otro lado, que solo 78 Estados la han ratificado, lo que la convierte en la segunda convención de derechos humanos con menos ratificaciones, después de la de los trabajadores migratorios.
Como advirtió Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada: «Quedan más cosas pendientes que logradas. La Convención cambió el derecho internacional, pero sigue existiendo una enorme distancia entre la norma y la realidad que viven las víctimas. Eso debe estar en el centro de cualquier balance».
Un balance es incompleto si no mira también hacia el futuro. En el caso de las desapariciones forzadas, a menudo se comete el grave error de asociarlas únicamente a una cuestión del pasado a la que debe responderse con políticas de memoria. Ciertamente, los ejercicios de memoria y reconocimiento son necesarios, pero claramente insuficientes. Las desapariciones forzadas no son un fenómeno del pasado. Mientras no se hayan resuelto del todo, son una cuestión de plena actualidad.
En primer lugar, porque el impacto que supone para una familia o una comunidad la desaparición de uno de sus miembros es tan brutal que no se desvanece con el tiempo. Basta con hablar con las madres que llevan toda una vida buscando a sus hijos para darse cuenta de que se trata de un dolor intenso con el que conviven cada día. A menudo, además, las consecuencias y los traumas se arrastran de generación en generación.
En segundo lugar, porque aunque hayan pasado décadas desde la desaparición de una persona, el derecho a la verdad persiste. El paso del tiempo no exime a los Estados de su obligación de investigar exhaustivamente las desapariciones. Es un hecho que tanto el Comité como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias han recordado repetidamente a España. Sin ir más lejos, en Cataluña el número de fosas de la Guerra Civil y del franquismo que se han abierto es todavía muy pequeño, y el número de cuerpos identificados y devueltos a sus familias, ínfimo.
En tercer lugar, porque, al contrario de lo que imagina mucha gente, las desapariciones forzadas no son solo una práctica propia de las dictaduras del siglo pasado. Es más, desde la adopción de la Convención han ido surgiendo nuevos retos y se han diversificado las situaciones en las que se perpetran desapariciones.
En este mismo momento en todo el mundo hay personas que están siendo víctimas de desapariciones forzadas. Ocurre en los principales conflictos armados, como Sudán, Ucrania y tantos otros, pero también en situaciones de macrocriminalidad como México, en regímenes autoritarios como Nicaragua o Eritrea, en la aplicación de políticas de «seguridad» como en El Salvador, en las rutas migratorias, etc.
En un contexto global tan volátil y poco propenso a la protección de los derechos humanos, los esfuerzos institucionales para encontrar a las personas desaparecidas podrían reducirse todavía más, y las situaciones en las que se producen, multiplicarse. La lucha que iniciaron las familias buscadoras hace décadas sigue vigente, para ellas y para el conjunto de la humanidad. Es hora de volver a darle el peso y el apoyo que requiere.