La central nuclear ucraniana de Zaporiyia fue tomada militarmente por Rusia en marzo de 2022 y sigue siendo disputada como objetivo militar en el frente de la guerra en Ucrania, situación nueva y sin precedentes para la que la comunidad internacional no estaba preparada. Más allá de la destrucción del reactor iraquí Osirak en 1981 como principal ataque histórico a un reactor nuclear, el actual contexto internacional está involucrando instalaciones nucleares en las guerras en Ucrania y el Golfo Pérsico.
En el marco de la guerra de Ucrania, además de los daños causados en la central nuclear de Zaporiyia desde su ocupación que han reducido enormemente sus niveles de seguridad, también sufrieron bombardeos los centros de investigación nuclear NSC-KIPT en Járkov y KINR en Kiev en 2022. En 2024 Rusia incluyó en su nueva doctrina militar el posible uso de armamento atómico en defensa de ataques a territorio ruso. En 2025 la cúpula protectora de la central de Chernóbil fue perforada por el ataque de un dron.
En la guerra de los doce días en Irán de junio 2025, las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz y Fordow, el centro nuclear de Isfahán y el reactor de agua pesada Khondab IR-40 en construcción fueron bombardeados. Se desconoce el alcance real de los daños causados, pero tras la continuación del conflicto en febrero de 2026, dichas instalaciones habrían vuelto a ser atacadas, así como también las cercanías del centro nuclear israelí de Dimona y en cuatro ocasiones el emplazamiento de la central nuclear iraní de Bushehr de diseño y con operarios rusos, ante a lo que Rusia advirtió de consecuencias impredecibles. Por otra parte, el presidente Trump amenazó con destruir diversas infraestructuras vitales iraníes como las centrales eléctricas comenzando por la mayor, en clara indicación a la central de Bushehr. Además, los Emiratos Árabes Unidos informaron de un ataque de drones el 17 de mayo que afectó a equipos secundarios de su central nuclear de Barakah.
Cambio de paradigma
Consecuentemente se están normalizando tanto la implicación de instalaciones nucleares en conflictos armados, como declaraciones sobre la posibilidad de utilizar de forma limitada bombas atómicas tácticas, referencias estas últimas que alcanzan abiertamente a la opinión pública, algo impensable hasta hace muy poco tiempo.
El último tratado de reducción y limitación de armas atómicas entre EE.UU y Rusia caducó el pasado febrero y con varios países varios países considerando sumarse a las nueve potencias atómicas actuales, algunas potencias disponen de planes que identifican infraestructuras civiles y energéticas como objetivos estratégicos en escenarios bélicos, con el fin de dificultar posibles estrategias enemigas o movimientos terrestres. Dichos planes también incluyen instalaciones nucleares civiles que en caso de sufrir ataques, sabotajes o accidentes en conflictos amplios entre bloques podrían liberar radioactividad afectando indiscriminadamente a la salud pública y al medio ambiente de varios países. La magnitud de posibles escapes radioactivos, dependientes del tipo de instalación y del daño causado, podría forzar la evacuación de grandes poblaciones extendiendo la dimensión del conflicto.
Aunque existe gran incertidumbre en cómo continuarán las guerras actuales, toma fuerza la tendencia de que las infraestructuras nucleares civiles tampoco están a salvo de ser consideradas objetivos de estrategias militares. Este nuevo rol de instalaciones nucleares convertidas en plataformas sobre las que proyectar objetivos estratégicos en conflictos bélicos, representa un cambio de paradigma y amenaza el uso pacífico de la energía nuclear planteando a su vez el difícil reto de reforzar la protección física de infraestructuras nucleares civiles.
Posibles acciones correctoras
Las implicaciones de la creciente afectación de instalaciones nucleares por conflictos bélicos van más allá de los aspectos técnicos y abordan cuestiones de interés global, exponiendo la falta de un tratado de no agresión a instalaciones nucleares, así como la necesidad de adaptar y desarrollar los estándares específicos de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU para dichas instalaciones en conflictos armados.
El Protocolo adicional I de 1977 que amplía los Convenios de Ginebra de 1949 no cubre específicamente ataques militares a las instalaciones nucleares, así como tampoco la Convención del OIEA de 1979 sobre la protección física de los materiales e instalaciones nucleares. Es pues urgente ratificar una convención o tratado global específico de no agresión a instalaciones nucleares. El OIEA intentó infructuosamente prohibir los ataques armados a infraestructuras nucleares en recientes Conferencias Generales del OIEA y en la de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear.
En cuanto a estándares de seguridad nuclear y seguridad física de instalaciones nucleares, el OIEA estableció tras el inicio de la guerra de Ucrania siete pilares de seguridad para evaluar riesgos específicos en contextos bélicos, pero no logró establecer una zona desmilitarizada alrededor de Zaporiyia. Es por lo que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó en 2023 los cinco principios del OIEA orientados a evitar un accidente en la central. Es en base a estos elementos que la Comisión de Estándares de Seguridad del OIEA se ocupa de la adaptación y aplicabilidad de los estándares actuales, a la vez que el Grupo de Reguladores Europeos de Seguridad Nuclear (ENSREG) trabaja también en esa línea.
No obstante, la ratificación de una convención o tratado global específico de no agresión a instalaciones nucleares que corrigiese el mencionado vacío jurídico no es factible con la continuidad de las guerras y el auge de la proliferación atómica, mientras que el actual deterioro de la legalidad internacional tampoco garantiza la efectividad en la aplicación de nuevos estándares de seguridad. Otro apoyo para enfrentar estos dos desafíos podría ser su inclusión en negociaciones de paz que se estuvieran gestando, de forma que organismos como el OIEA pudieran contribuir al desarrollo y verificación de un futuro regulatorio.
Alejandro Zurita fue jefe de cooperación internacional en investigación nuclear de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom) entre 2008 y 2016.