Un equipo del ICIP participa este mes de junio en la Misión de Observación Electoral (MOE) catalana, organizada por la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, para realizar el seguimiento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 21 de junio.
La misión está integrada por 27 personas, entre ellas diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, representantes de ayuntamientos y miembros de entidades e instituciones catalanas dedicadas a la promoción de los derechos humanos y la paz en Colombia, como el ICIP. También forman parte de la misión Antoni Vicens, delegado del Gobierno de Catalunya para los Estados Andinos, y Javier Calderón, representante de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) en Colombia.
La MOE responde a los principios de observación electoral de Naciones Unidas, basados en la imparcialidad, la neutralidad y el respeto al trabajo de las instituciones del país. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las garantías de participación política en el proceso electoral, mediante una observación con enfoque de derechos humanos, el acompañamiento a actores sociales y la interlocución con instituciones colombianas e internacionales.
La iniciativa da continuidad a la misión de 2022, también impulsada desde Cataluña, con la participación de representantes institucionales, municipales y de la sociedad civil.
Primera formación en Bogotá
En esta ocasión, la MOE se desplazará a distintas zonas del país. En concreto, en Apartadó, Barrancabermeja, Cali, Cúcuta, Montes de María y Popayán. El objetivo es cubrir distintas realidades regionales del proceso electoral.
Antes del desplazamiento, el miércoles 17 de junio el grupo ha hecho una formación en Bogotá sobre el sistema electoral colombiano y los principales aspectos a observar en este proceso, a cargo de la ONG colombiana Viva la Ciudadanía.



Una vez finalizada la jornada electoral, el 22 de junio, la MOE presentará en Bogotá un informe preliminar con las principales observaciones y recomendaciones, orientadas a la mejora de las garantías electorales y de los derechos políticos, con enfoque de derechos humanos y de género.



